Durante una entrevista con Reporte Elemental, la abogada especializada en derecho canábico, Rocío Paz, explicó que, con la digitalización del sistema REPROCAN, ahora se exigiría un control médico cada seis meses. Sin embargo, advirtió que todavía no hay una reglamentación clara sobre cómo se implementará este requisito ni qué documentación se pedirá.
Según detalló, si el profesional de la salud no carga el informe correspondiente en el sistema dentro de los plazos previstos, el registro podría darse de baja automáticamente, lo que genera preocupación entre los usuarios que dependen de esta autorización para el uso legal de cannabis medicinal. También señaló que esta situación genera dificultades prácticas tanto para pacientes como para médicos, ya que cada autorización tiene fechas distintas y no existe un sistema de recordatorios formalizado.
Respecto a los trámites en curso, recomendó que quienes tengan solicitudes iniciadas antes de la automatización evalúen dar de baja el expediente y volver a iniciarlo a través de la plataforma digital para acelerar los tiempos. Indicó que, en algunos casos, las aprobaciones pueden demorar alrededor de 48 horas si el procedimiento se realiza correctamente. La letrada también explicó que no solo médicos pueden intervenir en el proceso, sino también otros profesionales de la salud como odontólogos, siempre que cuenten con formación específica vinculada al cannabis medicinal.
Otro punto que mencionó fue la situación de las organizaciones civiles vinculadas al acceso al cannabis medicinal, que en muchos casos —según afirmó— enfrentan demoras administrativas para obtener habilitaciones, a pesar de que su actividad está contemplada dentro del marco legal.
Además, remarcó que todavía persiste una fuerte desinformación sobre el uso medicinal del cannabis, aunque reconoció que en los últimos años se produjo una mayor aceptación social, especialmente en tratamientos vinculados a epilepsia, dolor crónico y trastornos del sueño.
Desde el punto de vista legal, advirtió que existe un escenario de inseguridad jurídica debido a los cambios administrativos y a la falta de definiciones claras, lo que —según su visión— podría derivar en más situaciones de criminalización de usuarios. Finalmente, recomendó a los pacientes informarse adecuadamente sobre los productos que consumen, evitar aceites de origen desconocido y recurrir a profesionales o asociaciones habilitadas para garantizar un acceso seguro y dentro del marco legal.
