
Milei desfinancia el Servicio Meteorológico y desmantela la Dirección Nacional de Emergencias
Daiana Coria
En el marco del plan motosierra impulsado por el presidente Javier Milei para reducir el peso del Estado y promover el crecimiento del sector privado, el Gobierno Nacional recortó en 2024 un 51% del presupuesto del Servicio Meteorológico Nacional. Esta medida forma parte de la reducción del personal y diversas dependencias del sector público.
Ana Saralegui, delegada de ATE SMN (Servicio Meteorológico Nacional) advirtió, en diálogo con El Tribuna, que "la baja de presupuesto hace que no se pueda comprar material nuevo (por ejemplo termómetros). No sabemos que va a pasar con el mantenimiento de los radares, que son herramientas fundamentales para emitir los avisos a corto plazos en tiempo y forma o el deterioro de las estaciones meteorológicas entre otras cosas."
Hace unos meses, el Servicio Meteorológico Nacional iba a disponer de 10 nuevos radares que instalaba el Ministerio de Infraestructura para que operara el Servicio Meteorológico Nacional bajo el Ministerio de defensa. La importancia de estos radares radica en su capacidad de emitir alertas meteorológicas de manera temprana para evitar catástrofes. Estos elementos iban a completar una radiarización del 70% de la superficie americana continental de la República Agentina pero la medida fue dada de baja por el Gobierno. Uno de los nuevos radares que se habían anunciado iba a estar en Las Grutas, Río Negro, cerca de Bahía Blanca
Por otro lado, de acuerdo a Saralegui "la problemática a la que se enfrenta el Servicio en estos momentos es que se nos están yendo muchísimos profesionales y nos preocupa que no se pueda seguir manteniendo el nivel de profesionalidad. Nos echaron 15 observadores. Esto hace que muchas estaciones meteorológicas cambien su plan de labor y en vez de observar las 24 horas, lo reducen a horarios diurnos por ejemplo".
Además de la medida de reducción con respecto al SMN, el Gobierno de Milei desguazó la Dirección Nacional de Emergencias despidiendo a los 485 empleados que se dedicaban a brindar ayuda estatal a zonas afectadas y finalmente, cerrándola. Está área, creada en medio de la transformación del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Capital Humano, estaba encargada de brindar asistencia en casos de catástrofes, enviando insumos y profesionales médicos, psicólogos y asistentes sociales para dar contención y atender a los damnificados en las catástrofes.
Sin duda las decisiones del actual mandatario exponen los riesgos de una política de ajuste que no distingue entre gasto innecesario y servicios esenciales. Además, se observa una absoluta contradicción en su discurso, ya que alardea de una supuesta eficiencia en su Gobierno pero debilita estructuras diseñadas para prevenir catástrofes y proteger vidas.
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