Un recorrido por la vida del expresidente José "Pepe" Mujica, el primer tupamaro en llegar a la cima del poder: quién fue para la política, para el pueblo uruguayo y para los medios internacionales.
El 25 de febrero, la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT) publicó un comunicado en el cual informaba que se realizaron dos presentaciones internacionales contra el Estado Argentino en el Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. La acción surgió frente a la vulneración sistemática y generalizada de los derechos humanos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBT+.
La primera presentación, fue dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los discursos de odio perpetrados desde el Poder Ejecutivo a cargo de Javier Milei y sus consecuencias negativas en los derechos económicos, sociales y culturales del colectivo LGBT+.
En la segunda presentación, iniciaron una denuncia contra el Estado de Argentina a través de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, "esencialmente por el impacto de los discursos de odio y el retroceso en materia legislativa y de políticas públicas que pone en peligro la garantía de sus derechos", manifestaron desde FALGBT.
En ambas instancias, la FALGBT solicitó la intervención de los organismos internacionales, y pidió información al Gobierno Argentino sobre "la situación actual del colectivo, el cese de los discursos de odio, y que se pronuncien públicamente respecto de los hechos expuestos". A través de las denuncias, buscan que los organismos le recuerden "al Estado sus obligaciones internacionales en la materia, principalmente en cuanto a las garantías de protección integral de la población LGBT+, especialmente en niñeces y adolescencias".
La especialista en Comunicación y Derechos Humanos, Olga Del Río Sánchez, explica en uno de sus artículos que “los Estados responden por el cumplimiento de derechos humanos” de los ciudadanos. Es decir, en caso de violaciones de derechos humanos los argentinos pueden exigirle al estado que garantice sus derechos, y dicha exigibilidad excede lo jurídico porque comprende el ámbito político y el social.
Las denuncias surgieron después de que el Observatorio impulsado por la FALGBT, la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires y de C.A.B.A reveló cifras alarmantes y emitió advertencias por "la gravedad del desmantelamiento de las políticas públicas destinadas a la comunidad y el impacto de los discursos de odio".
El Observatorio de Crímenes de Odio, en su informe correspondiente al 2024, registró "140 crímenes de odio. El 64% de las víctimas fueron mujeres trans. 32 víctimas fueron varones gays, contabilizaron 11 víctimas lesbianas y 5 varones trans. Por último, el 1% de los crímenes afectó a personas no binarias".
De todos los crímenes registrados, "el 48%, que equivale a 67 casos, fueron asesinatos, muertes por violencia estructural y suicidios. El 52% restante, 73 casos, comprenden violencia física que no terminó en muerte".
Las cifras demuestran el incremento constante de los crímenes de odio, que "en 2023 fueron 133". Desde el observatorio, manifestaron que la tendencia al aumento "confirma que la violencia contra la población LGBT+ persiste y cada año se amplifica, evidenciando la ausencia de políticas efectivas para su erradicación y la falta de respuestas institucionales".
Los miembros de la comunidad LGBT+ que sufren actos de violencia por su identidad de género o su orientación sexual pueden escribir al WhatsApp (011) 5046-7056.
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