El diputado expresó preocupación por la desregulación de los precios y la falta de control sobre la seguridad en la manipulación de las garrafas, advirtiendo que esta medida afecta tanto la economía como la seguridad de los consumidores, especialmente en zonas sin gas natural.
Nacionales17/07/2025
Daiana Coria
En una entrevista con Elementos FM, el diputado nacional Walberto Allende expresó su preocupación por la desregulación del precio de la garrafa, firmada por el presidente Javier Milei junto a su ministro de Economía, Sergio Sturzenegger. “Esto va a ser muy complicado, principalmente para las zonas alejadas de la Argentina”, advirtió el legislador.
Allende destacó que en algunas localidades ya se han registrado aumentos en el precio de la garrafa, que de los 19 mil pesos establecidos por el gobierno en las resoluciones, ha llegado a alcanzar hasta los 30 mil pesos. “Nos tocó el fin de semana ver algunos lugares donde están pidiendo por la garrafa, que creo que estaba en 19 mil pesos, ya va cerca a los 30 mil”, comentó.
El diputado también recordó que la medida afecta especialmente a quienes no tienen acceso a la red de gas. “Casi el 45% de los habitantes en la Argentina carece de la red de gas, es decir, alrededor de 20 millones de personas necesitan sí o sí del gas envasado”, señaló.
En ese sentido, Allende agregó que la desregulación de precios no solo perjudica a los consumidores, sino que también podría afectar la seguridad en la manipulación de los envases. “Ahora habilitan a cualquier empresa para el llenado de garrafas y la norma no es clara. Queda la pregunta: ¿quién va a controlar eso?”, se cuestionó. A raíz de ello, expresó que se ha solicitado la presencia del Secretario de Energía y el Jefe de Gabinete para brindar explicaciones al respecto.
El legislador detalló además las complicaciones que la medida podría generar en los departamentos más alejados, donde los comerciantes solían justificar los altos precios debido a los costos del transporte. “A pesar de que antes había un precio establecido en estos lugares, no se terminaba respetando. Siempre ponían la excusa del transporte, del flete. Ahora con esta desregulación, puede pasar cualquier cosa”, explicó.
En cuanto a la situación de la "garrafa social", Allende destacó que el mantenimiento de este programa es crucial para muchas familias, especialmente en áreas rurales y de difícil acceso. “Lo que me agrada es que en este gobierno, el gobierno de Ollegos, se siga sosteniendo la garrafa social, que permite que miles de familias puedan abaratar los costos”, afirmó, aunque también reconoció los desafíos que genera la competencia desleal de algunos comerciantes.
Uno de los puntos más preocupantes que destacó el diputado fue la falta de control en la manipulación y el llenado de las garrafas. “Ahora te van a permitir recibir envases de cualquier empresa. Antes, por ejemplo, si ibas a comprar una garrafa YPF, sabías que era de YPF, con toda la garantía que eso significaba”, recordó. Para Allende, esta apertura a empresas privadas y la importación de garrafas de otros países podría poner en riesgo la seguridad de los usuarios. “La norma no es clara. Dice que el control lo puede hacer la provincia, los municipios o empresas privadas. ¿Quién va a controlar eso? Es un tema de seguridad. Si no se regula bien, estamos en peligro”, subrayó.
Por otro lado, Allende reveló que en las últimas conversaciones con otros diputados se mencionó el fondo fiduciario destinado a las zonas frías. “Te vas a sorprender del superávit que tiene. En 2022-2023, la cifra era mucho mayor de lo que se pensaba. El gobierno nacional ha recaudado 380 mil millones de pesos, pero no se ha transferido todo a las provincias”, dijo.
En cuanto a la falta de presupuesto en la Argentina, Allende remarcó que este tipo de medidas sólo empeoran la situación. “Si tuviéramos presupuesto, estaríamos discutiendo sobre cómo se aplica, pero ya van dos años que no tenemos presupuesto. Es imposible avanzar si no tenemos claridad en los recursos”, concluyó.
Finalmente, el diputado dejó en claro que la situación no es sólo un tema de recursos, sino también de coordinación entre las provincias y el gobierno nacional: “Las provincias no pueden resignar más recursos. Es el peor momento para discutir sobre esto, y menos en un año electoral", puntualizó.
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