Trabajadores del Ministerio de Familia se ubicarán en paradas y zonas claves durante las próximas 2 semanas, guiando a los usuarios que quieran acceder al Boleto Escolar Gratuito.
La empresa de transporte Albardón está colapsada porque están "haciendo 3, 4 credenciales por persona", explicó la gerente. En esta primera etapa, la credencial no es obligatoria para alumnos que viajen con uniforme.
Para acceder, los interesados deberán acreditar su condición a través de certificados emitidos por las instituciones educativas donde trabajan o estudian.
El incremento se ubicaría entre el 17% y el 20%, dependiendo de la sección. Los porcentajes se traducirían en un pasaje de primera sección de $560 pesos y un escolar de $186 pesos. El aumento angustió a varios usuarios.
Frente a las demandas salariales de UTA, las empresas sienten que se hacen cargo de responsabilidades que le corresponden al Estado. El titular de ATAP apuesta por continuar con el diálogo hasta las últimas consecuencias.
En las últimas semanas comezó a circular la especulación sobre posibles presiones por parte de empresarios del transporte al Gobierno de San Juan con el objetivo de dejar sin efecto la Credencial Única Universitaria, un beneficio que otorga a los estudiantes un acceso al sistema de transporte público.
Durante el mes de febrero las actividades se reanudaron en las distintas facultades de la provincia, donde los profesores comenzaron a dictar cursillos y clases de consulta. En el centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales creció la preocupación ante el posible regreso de las credenciales de las empresas que no son gratuitas y para obtenerlas los alumnos tienen que trasladarse a las empresas.
Las clases de los cursillos comenzaron el 3 de febrero en la Facultad de Filosofía y la ausencia de los estudiantes se hizo notar. Desde el centro de estudiantes, denuncian que la ordenanza del boleto escolar no se está cumpliendo, lo cual perjudica a los alumnos que viven en departamentos alejados.
El Primer Juzgado del Trabajo frenó la polémica resolución de Economía que asfixiaba financieramente al gremio, marcando el primer traspié judicial del Ejecutivo provincial ante un reclamo gremial.
El intendente de Rawson movió una pieza clave en el tablero político provincial para blindar a los vecinos y frenar el "avance" de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) sobre asociaciones civiles, clubes y uniones vecinales.
Mientras la Cámara de Diputados mantiene congelado el pedido de auditoría, los regantes intiman al ministerio de Infraestructura ante el freno de $20.400 millones destinados a obras clave.
Aunque el reclamo riojano sobre territorio sanjuanino es considerado por numerosos especialistas como carente de sustento sólido, Ricardo Quintela logró instalar el tema en la agenda nacional y convertir la controversia en una herramienta de proyección política.
El gobernador rompe una histórica convivencia institucional en los departamentos al realizar actos oficiales sin invitar al intendente local e inaugura insospechadamente el período de confrontación electoral.