Daniel G. Solar
Mientras el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y su entorno más estrecho consolidaron la semana pasada un puente de pragmatismo hacia Beijín, los gobernadores de las provincias mineras, como Marcelo Orrego, se enteraron, por la red X y la agencia de noticias china Xinhua, cómo fueron dejados de lado de los futuros acuerdos de inversión por las empresas mineras que integran la Cámara Argentino China de la Producción, la Industria y el Comercio (CACPIC).
La diplomacia de los billetes verdes rara vez repara en el federalismo, sobre todo cuando las urgencias de las reservas netas marcan el pulso del Banco Central de la República Argentina. El encuentro con la plana mayor de la Cámara Argentino China expuso una trama donde las ambiciones globales por el cobre y el litio colisionan de frente con la arquitectura constitucional del país. Para el gobierno nacional, apremiado por la caja, la prioridad pasa por la liquidación rápida de divisas; para las provincias mineras, lo que se teje en Buenos Aires se parece demasiado a un pacto a espaldas de los verdaderos dueños del recurso.
Las ambiciones globales por el cobre y el litio colisionan de frente con la arquitectura constitucional del país
El gigante asiático no disimula su voracidad por los minerales críticos de la transición energética. Desde la óptica de Beijing, la cordillera de los Andes no es un mapa de provincias con autonomías políticas y urgencias sociales, sino una geografía de activos estratégicos listos para ser integrados a su hegemonía industrial. Sin embargo, el dato político más potente de la reunión en Economía no se leyó en las promesas de desembolsos, sino en el vacío elocuente de las sillas: Ninguno de los mandatarios provinciales que integran la Mesa del Litio o la Mesa del Cobre fueron convocados.
Las provincias mineras, que ponen el territorio y la licencia social, se enteraron por la prensa de las condiciones que se barajaban para sus propios suelos. Este vacío no representa un simple desliz de protocolo, sino una desconexión estructural de fondo.
El artículo 124 de la Constitución Nacional es taxativo: el dominio originario de los recursos naturales corresponde a las provincias. Si el titular del Palacio de Hacienda, Luis "Toto" Caputo, no entiende, o comprende, ese artículo constitucional intentar diseñar el futuro minero de la Nación ignorando deliberadamente a quienes deben firmar las concesiones ambientales, fiscales y operativas en el territorio no es solo un error táctico sino una preocupante ceguera que arriesga la viabilidad misma de los proyectos.
La brecha entre el centralismo porteño y la realidad territorial quedó expuesta con nitidez en un caso testigo: el desembarco de PowerChina en el millonario proyecto de Vicuña Corp. Mientras las agencias de noticias confirmaban que los máximos ejecutivos de la constructora estatal china repasaban números cara a cara con Caputo, en la Casa de Gobierno de calle Paula reinaba un desconcierto absoluto. Ni el gobernador Marcelo Orrego ni sus ministros habían recibido un solo llamado para advertirles sobre el alcance o las condiciones de semejante ingeniería contractual.
El dominio originario de los recursos naturales corresponde a las provincias
La reunión en el Palacio de Hacienda obliga a formular una pregunta incómoda: ¿las corporaciones mineras agrupadas en la cámara bilateral desprecian la injerencia de los gobernadores? Desde la perspectiva del capitalismo de Estado de Beijing, la relación directa con el poder central en Buenos Aires siempre es el camino más corto y cómodo, aunque falto de tacto político y desconocimiento del funcionamiento federal de las provincias dueñas de los recursos naturales.
Al puentear a las provincias, las firmas chinas convalidan la lógica unitaria libertaria que simplifica sus balances inmediatos, pero dinamita el consenso político indispensable para la sustentabilidad social a largo plazo. La marginación de mandatarios provinciales, como Marcelo Orrego, no se sabe si se trata de un error de cálculo, de una alarmante falta de visión estratégica nacional o directamente de un ninguneo escandaloso.
Caputo y Milei obsesionados con el ingreso de dólares bajo el paragua del RIGI y el Súper RIGI, parecen olvidar que la minería real no se hace en las planillas de Excel de la Capital Federal. Se juega en las comunidades locales, en las rutas de montaña y en la compleja gestión hídrica. Forzar inversiones desde un despacho porteño, ninguneando a los gobernadores, equivale a sembrar la semilla de futuros conflictos sociopolíticos. La historia demuestra que los proyectos multimillonarios no caen por restricciones financieras, sino por la pérdida de la licencia social.
Parecen olvidar que la minería real no se hace en las planillas de Excel de la Capital Federal
A este complejo escenario se le añade un escollo normativo que los inversores asiáticos pretenden relativizar, pero que tarde o temprano chocará, al menos en San Juan, con la Legislatura Provincial: el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero. Esta iniciativa, diseñada para blindar la contratación de proveedores locales, mano de obra regional e ingeniería nacional, funciona como un contrapeso indispensable frente a las prácticas habituales de las firmas chinas.
Corporaciones como PowerChina estructuran sus negocios globales sobre el modelo "llave en mano", importando sus propios insumos, tecnología y logística desde su país de origen. El esperado proyecto de Ley, enviado a la Legislatura como Mensaje 00025, se espera que opere como un verdadero freno regulatorio. Si la norma legal avanza, las firmas extranjeras verán acotado su margen para operar de manera aislada, sin derramar valor en las pequeñas y medianas empresas provinciales.
La imperiosa necesidad de dólares del gobierno libertario de Milei y la urgencia electoral de "puestos de trabajo" de los gobiernos provinciales, no puede transformarse en la entrega de las autonomías federales ante la billetera extranjera. El desarrollo minero argentino será federal y arraigado en sus comunidades, o sencillamente no será sostenible.
