Francisco Otiñano
El límite entre el juego y el delito parece haberse desdibujado en las escuelas mendocinas. Lo que comenzó como una tendencia en redes sociales, bajo la fachada de "desafíos" o retos virales, ha escalado hasta convertirse en un problema de seguridad pública que mantiene en vilo a la comunidad educativa. En una charla detallada, Ignacio, periodista del Grupo América y columnista de Radio Nihuil, desmenuzó la compleja trama detrás de las amenazas que forzaron a la Dirección General de Escuelas (DGE) a tomar medidas drásticas, incluyendo la inédita sugerencia de que los alumnos asistan a clase sin mochilas.
La situación no es menor: el Ministerio Público Fiscal ya acumula más de cincuenta denuncias. Cada una de estas alertas dispara un protocolo que moviliza recursos policiales y judiciales, interrumpiendo el dictado de clases y generando una psicosis innecesaria entre las familias. Según explica Ignacio, estos episodios son motorizados mayoritariamente por menores de edad que replican conductas vistas en internet, sin medir las consecuencias legales de sus actos. “Esto formaría parte de lo que se denomina los famosos retos virales que corren por redes sociales, que los pibes toman como situaciones propias y, a partir de eso, se constituyen finalmente en amenazas”, señala el cronista, marcando el origen de una problemática que excede las aulas.
Ante la imposibilidad legal de que la policía realice cacheos a menores sin la presencia y autorización de sus padres, la DGE optó por una solución pragmática pero contundente: pedir que los chicos no lleven mochila o, en su defecto, utilicen bolsas transparentes para facilitar el control visual. La medida busca disuadir la portación de cualquier elemento sospechoso y agilizar los ingresos, aunque pone de relieve la gravedad del escenario. Sin embargo, para el periodista mendocino, el foco no debe estar solo en el control externo, sino en la raíz del comportamiento.
El factor de la responsabilidad civil y penal es un punto ciego para muchas familias. Ignacio es tajante al recordar que, ante la ley, los padres son quienes deben dar la cara por los desmanes de sus hijos menores. “Si no tienen un problema penal los pibes porque son menores, los pueden tener directamente sus padres”, advierte, subrayando que en los casos donde los autores son mayores de edad, la justicia actúa con todo su peso sobre el imputable. Esta distinción es vital para romper la sensación de impunidad que suele rodear a las travesuras digitales.
En última instancia, el análisis del periodista apunta a un retorno a las bases: la comunicación intrafamiliar. El Estado y las escuelas pueden implementar escáneres, protocolos o bolsas transparentes, pero la solución definitiva parece estar en el diálogo privado. “La concientización empieza en casa. Los padres tienen que prestar atención a qué está pasando con los chicos, qué ven en las redes sociales y qué consumen”, concluye Ignacio. En un mundo donde lo virtual impacta de forma tan directa en lo real, la supervisión adulta se vuelve la herramienta de prevención más eficaz frente a un fenómeno que, lejos de ser un chiste, está poniendo en jaque la tranquilidad de todo el sistema educativo.
