Daniel G. Solar
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, le pidió públicamente la renuncia a la vicepresidenta Victoria Villarruel tras un cruce verbal por sus críticas al presidente Javier Milei, en un momento en que el oficialismo busca los 37 votos para darle media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado, mientras los aumentos en servicios y el salto en la compra de dólares para ahorro golpean el bolsillo de los argentinos.
El viernes 31 de julio, Santilli usó los micrófonos y fue directo: “Si sos parte de un Gobierno y estás constantemente atacando al Presidente, tenés que dar un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita”. La frase no fue un desliz. Fue un mensaje.
Villarruel no tardó en responder. Desde sus redes, acusó a “uno de los exponentes de la casta política” de “conspirar contra el orden republicano”. Usó las mismas palabras que el oficialismo suele usar contra sus enemigos: “parásitos”, “casta”. Y cerró: “Sea democrático y respete el voto popular”.
Puertas adentro de la Casa Rosada aclaran que el pedido de renuncia no fue una decisión coordinada. “Se lo preguntaron y respondió”, dicen. Pero tampoco lo desautorizaron. Y eso pesa. Porque la pelea entre Milei y su vice ya no es un rumor. Es una grieta a la vista de todos.
Mientras la interna Milei-Villarruel escala, otro alto funcionario dejó el Gobierno con críticas. Diógenes de Urquiza, hasta ayer subsecretario de Deportes, presentó su renuncia y en su carta habló de “falta de convicción compartida” y “resistencias” para transformar el deporte argentino. No mencionó nombres, pero todos entendieron: el conflicto con Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, había llegado al límite.
Urquiza venía analizando su salida desde que el área volvió a la órbita de Scioli. Según el conteo del politólogo Pablo Salinas, publicado por La Nación, la gestión libertaria ya acumula 274 renuncias de funcionarios. Es récord entre los gobiernos democráticos. Se fueron, hasta ahora, tres jefes de Gabinete y seis ministros.
El próximo jueves 6 de agosto, el Senado vuelve del receso con un debate clave: la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, conocida como Ley de Tierras. El oficialismo necesita 37 votos para la media sanción y los números están ajustados.
La Libertad Avanza tiene 21 senadores. El PRO aporta 3. La UCR, con los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri, ya confirmó su apoyo. Pero los “dialoguistas” tienen la llave. Gobernadores y senadores de bloques minoritarios pueden inclinar la balanza.
Lo que complica el panorama es el silencio de Villarruel. Como presidenta del Senado, podría tener que desempatar. Y nadie sabe qué hará. En el oficialismo hay preocupación. “Si no logramos los votos, será una derrota política importante”, admite un senador cercano al gobierno.
El proyecto oficialista busca eliminar el límite del 15% para la extranjerización de tierras a nivel nacional, provincial y departamental. También derogar el artículo 10 de la Ley 26.737, que prohíbe a extranjeros comprar tierras con cuerpos de agua importantes o en zonas fronterizas. En San Juan, y la totalidad de las provincias cordilleranas, las empresas mineras esperan con expectativa la derogación de ese artículo.
En la práctica, se abre la puerta a la compra de tierras con lagos, bosques nativos, cordillera con minerales críticos y acuíferos. La oposición ya habla de “venta de la Argentina”. Y el 6 de agosto se esperan movilizaciones frente al Congreso.
Patricia Bullrich, jefa del bloque de LLA en el Senado, asegura que “va a salir”. Pero los números no están cerrados. Y cada voto cuenta.
Agosto llegó con nuevos aumentos en servicios básicos. La luz, el gas, el agua y el transporte subieron entre 1,7% y 11,6%, según la jurisdicción y el servicio. Los alquileres también se actualizan, con subas que van del 6,6% a más del 30% anual, según el ICL.
Un informe de Fundación Capital reveló que los hogares de menores ingresos ya destinan hasta el 22% de sus recursos a los servicios públicos. En diciembre de 2023, ese porcentaje era del 5,3%. La canasta de servicios aumentó 54% en un año y representa cerca del 15% del salario promedio registrado.
Las familias recalculan presupuestos. Los sectores medios y altos también sienten el golpe. Una familia con ingresos de $1,5 millones destina cerca del 14% a servicios. Y el margen para el consumo sigue limitado.
Mientras los servicios suben, los argentinos corren al dólar. En junio, 1,5 millones de personas compraron US$2.443 millones en los bancos. Un 8,1% más que en mayo. En el primer semestre, la compra de dólar ahorro superó los US$15.000 millones.
El 40% de esa demanda quedó depositada en bancos locales. Pero crece la porción que se sale del sistema financiero. El ahorro en moneda extranjera se consolidó como el principal factor de demanda de divisas. Y el BCRA registra un saldo de US$857 millones a favor en junio.
