Juan Manuel Orrego
La difusión de un video que muestra un intercambio entre el gobernador Marcelo Orrego y el intendente de Angaco, José Castro puso en el centro del debate una preocupación que atraviesa a toda democracia: la relación entre el poder político, las instituciones y la percepción ciudadana.
Más allá de las interpretaciones sobre el contenido de la conversación, existe una realidad imposible de ignorar. El video circuló en una semana clave, y en un momento especialmente sensible. Por un lado, la Justicia avanza en un proceso que involucra al intendente Castro. Por otro, la provincia atravesaba una de las discusiones legislativas más trascendentes de los últimos años: la autorización de un importante endeudamiento provincial que encontró resistencia en buena parte de la oposición.
Pero quiero referirme particularmente a la difusión del video en sí, que algunos medios lograron descifrar, mediante la utilización de algunos programas de edición para limpiar el audio, ya que no era muy claro, y luego de ese proceso de “limpieza de interferencias y ruidos”, se lo escucha al Gobernador Orrego decirle al Intendente Castro, “ya me vas a conocer, lindo te va a ir”
En este contexto, yo puedo elucubrar, que precisamente hay una coincidencia de hecho, que alimenta interrogantes y genera inquietud en sectores de la sociedad, ¿El gobernador, podría interferir en el proceso judicial? ¿A eso hacía referencia?
Siguiendo esa elucubración, no porque existan pruebas de interferencias institucionales, sino porque en política la confianza pública también se construye a partir de las apariencias y de los mensajes que reciben los ciudadanos, uno de los principales compromisos que acompañaron la llegada de Marcelo Orrego al Gobierno de San Juan, allí en 2023, fue la promesa de impulsar cambios profundos en las instituciones provinciales y recuperar la confianza de la ciudadanía en áreas sensibles del Estado, entre ellas la Justicia.
Sin embargo, algunas decisiones adoptadas durante su gestión, han generado debate político y cuestionamientos desde distintos sectores. Entre ellas, la designación del Dr. Guillermo Baigorrí como Fiscal General de la Corte, cargo que ocupa una posición estratégica dentro del Ministerio Público y tiene responsabilidades de conducción sobre el cuerpo de fiscales.
Baigorrí fue diputado nacional y senador nacional, además de haber presidido el Partido Producción y Trabajo, fuerza política que hoy conduce el propio gobernador.
En este contexto, la circulación de imágenes o situaciones que algunos sectores interpretan como expresiones de presión política adquiere una relevancia aún mayor. No porque constituyan una prueba de influencia sobre decisiones judiciales, sino porque se producen en un escenario donde parte de la sociedad observa con atención y critica, la relación entre poder político e instituciones.
Ante ese hecho, un estudio de la consultora sanjuanina Ethos reveló una reacción demoledora de la ciudadanía, mas del 70% de los consultores se expresó en contra de la actitud del mandatario, y cito textual: “…Pero lo más llamativo no es el número, sino las palabras que usó la gente: no hablaron de un desacuerdo político, hablaron de mafia. "Mafioso", "patotero", "apriete", "matón" y "abuso de autoridad" fueron de los términos que más se repitieron.
Naturalmente, esas expresiones reflejan percepciones, opiniones y estados de ánimo de quienes participaron del trabajo la consulta. Esas percepciones de la opinión pública no constituyen pruebas ni definiciones objetivas de los hechos. Sin embargo, en política la percepción suele tener un peso tan importante como la realidad misma.
Ese es precisamente el desafío que deberá enfrentar Marcelo Orrego. El problema no pasa solamente por explicar qué ocurrió o cuál fue el verdadero contenido del intercambio que se observa en las imágenes. El desafío es revertir una interpretación social que, al menos en determinados sectores, parece haber asociado el episodio con prácticas que la sociedad rechaza. Dicho de otra manera, Orrego deberá reconstruir una imagen de liderazgo asociada al diálogo, la tolerancia democrática y el respeto institucional para contrarrestar una lectura que, en ciertos sectores de la opinión pública, comenzó a vincular el episodio con conceptos de autoritarismo, presión política o ejercicio abusivo del poder.
