Docentes: entre el "cuarto intermedio" en San Juan y un escenario nacional que asoma al paro

El calendario escolar de 2026 ha comenzado a deshojarse bajo un clima de máxima incertidumbre. Lo que debiera ser un tiempo de planificación pedagógica y puesta a punto de las aulas se ha transformado, como ya es una amarga costumbre en la dialéctica política argentina, en una pulseada de números, porcentajes y gestos de desconfianza. En San Juan, el Centro Cívico fue el escenario de una jornada maratónica este viernes, donde el Gobierno provincial y los gremios docentes acordaron un paréntesis necesario: un cuarto intermedio hasta el próximo 27 de febrero para que las bases analicen una oferta salarial que busca, con más voluntad que recursos, desactivar un conflicto que ya trasciende las fronteras cuyanas.

La propuesta oficial llegó tras un debate "complejo y extenso", tal como reza el acta de la Sesión N°3 de la paritaria local. En la mesa, presidida por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, se pusieron cifras concretas para intentar calmar los ánimos de una docencia que ve cómo el costo de vida erosiona su poder adquisitivo a una velocidad de vértigo. Sin embargo, el aire que se respira en las asambleas no es de alivio, sino de una cautela que colinda con el rechazo.

El Gobierno intentó blindar el inicio de clases con un paquete que combina bonificaciones inmediatas y aumentos escalonados. El ofrecimiento incluye el pago, con los haberes de febrero, de un concepto de equipamiento docente por un monto de $128.801,76 y la elevación de la ayuda escolar a la cifra redonda de $100.000 por hijo. En términos de estructura salarial, la administración Orrego propuso un incremento del 5% al valor índice en marzo (tomando como base diciembre de 2025) y otro 5% en junio (sobre la base de marzo de 2026), sumado a la suba de puntos en ítems específicos del nomenclador docente (códigos A01 y E60).

Pese a que el Ejecutivo incluyó una cláusula de revisión para el mes de junio, la representación sindical, integrada por UDAP, UDA y AMET, no ocultó su insatisfacción inicial. Para los gremialistas, el cálculo de la recomposición es "imperativo" que incluya la inflación acumulada de los meses de verano (diciembre, enero y febrero), advirtiendo que cualquier cifra por debajo de esos índices representa una "pérdida directa del salario real". 

Al analizar el impacto real de esta propuesta, surge la pregunta inevitable: ¿dónde queda parado un docente que recién inicia su carrera? En la Argentina de 2026, la Canasta Básica Total (CBT) se ha convertido en una vara implacable que divide a los trabajadores entre quienes cubren sus necesidades y quienes caen bajo la línea de la pobreza.

Para un maestro que recién da sus primeros pasos en el sistema educativo, el sueldo neto, incluso con los bonos no remunerativos propuestos, sigue corriendo de atrás a una inflación que no da tregua. El pago extra de $128.801 en febrero funciona como un "oxígeno" momentáneo, pero no se traslada a la estructura básica del salario, lo que diluye su efecto en los aguinaldos y la jubilación futura. Con un incremento del 5% para marzo frente a una inflación que en el primer trimestre suele duplicar o triplicar ese guarismo, el poder de compra se achica.

Hoy, un cargo testigo requiere de una ingeniería financiera doméstica casi heroica para no quedar por debajo de la canasta básica. La sensación en las bases es que se está discutiendo la administración de la escasez, mientras los precios de los servicios y el transporte se disparan por encima de cualquier acuerdo paritario sectorial.

Mientras en San Juan se discuten decimales y códigos de haberes, el panorama nacional arroja sombras pesadas sobre la negociación local. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) movió su pieza más fuerte este viernes al anunciar un paro nacional docente para el próximo 2 de marzo. El plan de acción no se agota en la huelga: incluirá movilizaciones, acampes y caravanas en todo el territorio nacional. El reclamo es unívoco y apunta directo a la Casa Rosada: la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y un aumento que, de mínima, supere la curva inflacionaria.

Esta decisión de CTERA funciona como un marco de referencia ineludible. Si el conflicto nacional escala, las treguas locales suelen ser frágiles. A esto se suma la advertencia de los gremios educativos nucleados en la CGT, con la Unión Docentes Argentinos (UDA) a la cabeza, quienes fueron tajantes: "Corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias". La narrativa de la CGT subraya una "grave situación presupuestaria" que asfixia a la educación pública y deja a los gobernadores provinciales sin margen de maniobra, obligándolos a una contención de daños constante.

En San Juan, el acta firmada pasadas las 21:30 horas refleja esa tensión dialéctica. Por un lado, un Gobierno que intenta mostrar previsibilidad en medio de un ajuste fiscal que llega desde el centro del país; por otro, una dirigencia gremial que, presionada por el mandato de sus afiliados, no puede permitirse convalidar una paritaria "cerrada hasta junio". El pedido de los sindicatos fue claro: acortar los plazos, actualizar asignaciones familiares y mejorar los tramos de los salarios más postergados (como los radios 4, 5, 6 y 7).

El "cuarto intermedio" es, en esencia, un tiempo de consulta pero también de estrategia política. Los docentes sanjuaninos bajarán a las escuelas para debatir si el aumento propuesto por la gestión local es un piso aceptable o si, por el contrario, se plegarán orgánicamente a la medida de fuerza nacional de marzo.

Detrás de cada punto en el código A01 hay una realidad doméstica, una canasta básica que no espera y una vocación que se ve puesta a prueba cada año. Lo que se decida el próximo viernes a las 14:00 horas, cuando se reanude la sesión, no solo definirá si las campanas suenan a término en las escuelas de San Juan, sino que también marcará el pulso de una resistencia docente que parece haber agotado su reserva de paciencia. La pregunta que queda flotando es si el esfuerzo presupuestario solicitado es técnica y políticamente posible. Por ahora, el silencio de las tizas es solo preventivo, pero el 2 de marzo asoma como la fecha de una colisión que nadie dice querer, pero que todos parecen estar alimentando.