Daniel G. Solar
La sede de la Secretaría de Seguridad y Orden Público amaneció este miércoles con un movimiento inusual que rompió la hermética rutina institucional. En una postal histórica para San Juan, un grupo de familiares, convivientes y amigos de efectivos de la Policía y del Servicio Penitenciario cruzó la puerta de la dependencia para entregar, en mano, un crudo diagnóstico sobre la realidad que se vive puertas adentro de la fuerza.
El documento, que ingresó formalmente este 18 de febrero con la firma de recepción de la Subsecretaria de Seguridad, Sandra Chamorro , y está dirigido al titular del área, Enrique Delgado, va mucho más allá de un simple pedido de aumento. Es una radiografía del malestar interno que exige declarar la "emergencia salarial" y aplicar reformas estructurales de forma urgente.
Los sueldos quedaron por debajo del incremento del costo de los productos alimenticios, lo que genera un aumento del riesgo de indigencia. Se debe garantizar que ningún efectivo esté por debajo de la línea de pobreza
Patrocinados por la abogada María Rosa Sánchez Salmuni , los firmantes dejaron en claro que no buscan un conflicto gremial, sino ejercer el derecho constitucional de peticionar a las autoridades. Sin embargo, el petitorio toca las fibras más sensibles de la administración pública. Para garantizar que el canal de diálogo no se quiebre, el texto exige de entrada una "garantía de indemnidad": El compromiso formal de que no habrá sumarios, traslados castigo ni persecuciones laborales contra quienes decidieron levantar la voz.
El corazón del reclamo es, indiscutiblemente, económico. Los números que exponen las familias son contundentes e ilustran la pérdida del poder adquisitivo. El petitorio exige que ningún policía en San Juan cobre por debajo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA). Según detallan, mientras la CBA del Indec marcó $1.360.299 en enero para no caer bajo la línea de pobreza , un agente con apenas un año de antigüedad percibe un sueldo de bolsillo de $1.108.000.
Esa brecha del 22% es la que piden aplicar de forma inmediata a toda la escala jerárquica, desde los agentes iniciales hasta los comisarios generales, a partir de los haberes de febrero. A esto le suman la necesidad de blanquear todas las sumas no remunerativas , incorporar los suplementos de vestimenta, equipamiento y refrigerio al sueldo básico , y asegurar que cada incremento pase automáticamente, y en un 100%, a los jubilados y pensionados.
La profesionalización también tiene su precio en este documento. Ante la imposibilidad de ejercer otras profesiones en el ámbito privado debido a los turnos rotativos, solicitan un adicional del 50% por "Dedicación Exclusiva y Bloqueo de Título" , un 20% para quienes posean título universitario , y un plus del 20% en concepto de "Conductor Policial" para los choferes de los móviles. Además, exigen la creación de un ítem que compense económicamente el riesgo de vida y la constante responsabilidad penal que asumen en la calle.
Pero quizás el tramo más alarmante del escrito sea el referido a la salud mental de los uniformados. Las familias denuncian lo que definen como "violencia económica" institucional. En la práctica, esto significa que cuando un efectivo pide carpeta médica por cuestiones psicológicas, o se le retira preventivamente el arma reglamentaria, sufre fuertes descuentos salariales. El petitorio tilda esto de "práctica ilegítima" que empuja al policía a trabajar en plena crisis emocional por miedo a no llegar a fin de mes, lo que supone una negligencia estatal.
Castigar salarialmente al efectivo que busca ayuda psicológica es una práctica ilegítima que lo obliga a trabajar 'en crisis' para no perder sus ingresos. Es una negligencia estatal que pone en riesgo la vida del propio agente y de terceros
El telón de fondo de esta exigencia es una herida abierta: los suicidios. El texto advierte sobre la profunda conmoción que genera la pérdida de camaradas que deciden quitarse la vida, una tragedia que se agravó durante el último año. Frente a esto, piden declarar la tarea como insalubre por "agotamiento prematuro" y crear de urgencia una oficina en la Dirección de Personal (D-1) dedicada a la mediación y escucha activa.
En el terreno político, plantaron bandera por los tres efectivos pasados a disponibilidad recientemente tras una protesta salarial. Exigen revisar el decreto 1565-2025 y reincorporar de inmediato a los cabos Julio César Salinas, Michel Lisandro Sánchez y Lucas Martín Aguilera. "El reclamo por alimentos no es un delito", subraya el escrito.
El reclamo por alimentos no es un delito. La sanción de cesantía a los efectivos es arbitraria y desproporcionada. Su reincorporación es el primer paso para la paz social y el bienestar del personal
Finalmente, las demandas apuntan a destrabar los nombramientos de nuevos aspirantes que ya aprobaron los cursos pero siguen en espera, y a modificar el régimen de exoneración. El objetivo de esto último es evitar que las sanciones administrativas trasciendan al uniformado y terminen castigando a viudas e hijos, confiscándoles el derecho a la pensión por los aportes realizados durante toda una vida , limitando esta medida extrema solo a condenados por delitos de lesa humanidad.
