Redacción El Tribuna
El procedimiento judicial llevado a cabo este lunes en el Centro Cívico de San Juan es un ejemplo de manual de cómo una disputa acotada al ámbito privado —un conflicto laboral y comercial entre un profesional y una empresa constructora— puede requerir la intervención en los archivos públicos sin que esto implique una investigación sobre el funcionamiento político del Estado.
Lo que ocurrió en la mañana del lunes en las oficinas de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos no fue el destape de una olla de corrupción estructural, sino un paso técnico necesario en una causa penal específica y delimitada. La Justicia sanjuanina, a través de la Oficina Judicial Penal de Finalización de Causas del Sistema Mixto, ordenó un allanamiento con un objetivo preciso: el secuestro de documentación original para realizar pericias caligráficas. El foco no está puesto en la administración pública, sino en la autenticidad de unas firmas que son objeto de litigio entre particulares.
El procedimiento fue ordenado por el juez Guillermo Adárvez y ejecutado por la Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan, que actuó en calidad de auxiliar de la Justicia. Los efectivos se dirigieron específicamente a la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores. Allí, el objetivo fue recolectar 11 expedientes administrativos que contienen planillas de cómputo y presupuesto vinculadas a contrataciones directas.
La génesis de esta medida judicial, identificada bajo la causa 91.099/22, radica en una denuncia impulsada por Roberto Enrique Aguirre. Este profesional, quien se desempeñaba como Maestro Mayor de Obras y representante técnico, ha señalado a su ex empleadora, una empresa constructora local, por la presunta falsificación de su firma en documentos técnicos. Aguirre sostiene que la compañía habría utilizado su rúbrica sin consentimiento en trámites presentados ante el Estado.
Es aquí donde reside la clave para interpretar la noticia: el Estado provincial no figura en el expediente como imputado ni como cómplice, sino como el tenedor involuntario de la prueba. Los documentos originales, necesarios para que los peritos calígrafos determinen la veracidad de las firmas, quedaron archivados en las dependencias públicas tras la ejecución de las obras. Por ende, la Justicia debió ir a buscarlos a su lugar de reposo: el archivo de Obras Menores.
Ante la visibilidad del operativo, el Gobierno provincial reaccionó con celeridad para aportar claridad. El subsecretario de Servicios Públicos, Nicolás Álvarez, actuó como vocero de la situación, brindando detalles que permiten dimensionar el conflicto en su justa medida. Álvarez fue enfático al señalar que la repartición estatal "no es el blanco de la denuncia", sino que actúa meramente como depositaria de la documentación.
"Es básicamente un conflicto entre particulares. Uno de los responsables técnicos de esta empresa habría denunciado una presunta falsificación de firmas y la Justicia nos requiere la documentación que lo avale", explicó el funcionario. Esta declaración busca despejar cualquier fantasma sobre irregularidades en la gestión actual o en los procesos de contratación per se. Lo que se investiga es si una empresa privada cometió un delito contra la fe pública en perjuicio de uno de sus empleados o asociados.
Asimismo, las autoridades actuales aprovecharon la oportunidad para demostrar total transparencia y colaboración con el Poder Judicial. "Hemos brindado todo el expediente y el material que nos han pedido. Nos hemos puesto a disposición de la Justicia para dar la mayor transparencia posible", afirmó Álvarez, subrayando que los archivos están abiertos para cualquier requerimiento que ayude a esclarecer la verdad.
Los 11 expedientes secuestrados corresponden a un periodo ya cerrado, que abarca desde 2019 hasta junio de 2023, coincidente con la administración del exgobernador Sergio Uñac. Se trata de obras menores, principalmente tareas de mantenimiento y acondicionamiento escolar que se suelen realizar durante los recesos de verano.
El subsecretario Álvarez confirmó que la empresa investigada no mantiene vínculos contractuales vigentes con el Estado provincial. "Es una empresa que no está trabajando actualmente. La última obra que tuvo fue del año 2022", detalló. Esta información es vital para entender que la investigación no afecta la operatividad actual del Ministerio ni pone en tela de juicio las licitaciones presentes. Se trata de una revisión forense sobre una relación comercial extinta entre el Estado y un proveedor, motivada por una pelea interna de esa firma.
La intervención de la Oficina de Finalización de Causas del Sistema Mixto indica que se trata de un proceso que viene de arrastre, buscando cerrar capítulos pendientes mediante la producción de pruebas irrefutables, como lo es una pericia sobre documentos originales.
