En las últimas horas los gremios fijaron distintas posiciones. Mientras UDA San Juan convocó a reunión de delegados para este martes 9, UDAP definió el no inicio del ciclo lectivo y declaró el estado de alerta y movilización.
Locales09/02/2026
Daniel G. Solar
A tan solo cuatro días de la fecha estipulada para el regreso a las aulas en la provincia de San Juan, el escenario educativo ha entrado en una fase crítica. Lo que debía ser una negociación para ordenar el año escolar ha derivado en un ultimátum: los tres gremios docentes con representación paritaria (UDAP, UDA y AMET) han dejado asentado en acta oficial que, ante la falta de una oferta salarial inmediata, "no se garantiza el inicio del ciclo lectivo 2026", previsto para este 13 de febrero.
La advertencia no es una mera retórica de negociación, sino la conclusión formal de la primera reunión paritaria celebrada en el Ministerio de Educación. La dura posición de los gremios docentes se generó luego que el Gobierno provincial, representado por los ministros Silvia Fuentes (Educación) y Roberto Gutiérrez (Hacienda), evitara realizar una propuesta de recomposición salarial para el mes de febrero, ofreciendo discutir aumentos recién para los meses de marzo y junio.
El núcleo del malestar sindical radica en los tiempos y la economía de bolsillo. Según explicaron los representantes gremiales, la estrategia del Ejecutivo de posponer la discusión monetaria implica, en la práctica, un "congelamiento" de los haberes.
"Advertimos que, con esta modalidad, ya no se liquida con el valor índice del mes anterior, lo que genera una pérdida directa en el bolsillo ante el proceso inflacionario", sostuvieron desde la intersindical. Al no haber una actualización para el mes en curso, los docentes cobrarían sus sueldos con valores desactualizados justo en el momento de mayor gasto anual, previo al inicio de clases.
La tensión en la mesa de negociación escaló cuando el gobierno provincial propuso pasar a un cuarto intermedio para el jueves 12 de febrero, apenas 24 horas antes del inicio del ciclo lectivo. Esta moción fue rechazada de plano por la parte trabajadora, calificándola de "totalmente inconveniente" y dilatoria.
En el acta firmada, por los gremialistas y los funcionarios del gobierno, los sindicatos expresaron que llegar al día anterior al comienzo de clases sin una definición salarial es una situación límite que no deja margen de maniobra. Por ello, exigieron adelantar las discusiones y solicitaron una respuesta integral inmediata, bajo la premisa de "la honestidad de expresar a la patronal que, en estas condiciones, el inicio no está asegurado".
Para que los docentes sanjuaninos vuelvan a las aulas este 13 de febrero, los gremios han presentado un pliego de condiciones que va más allá de un porcentaje aislado. Exigen que el Gobierno traiga a la mesa una propuesta que repare el deterioro salarial de febrero y solucione deudas pendientes de la paritaria 2025.
Entre los puntos exigidos para levantar la amenaza de no inicio, se destacan:
Propuesta Salarial Inmediata: Rechazan que su propuesta anterior sea "inviable" y exigen una oferta que impacte ahora, no en marzo.
Saneamiento de la Carrera Docente: Finalización e instrumentación urgente de la titularización en Nivel Secundario y Superior, y llamados a concurso de ascenso.
Correcciones en el Nomenclador: Actualización urgente de los ítems A32, A44 y mejora de puntos en el código E60.
Eliminación de Brechas: Revisión de los tramos del E66 y equiparación de las asignaciones familiares con los valores nacionales.
Radios y Deudas: Solución para los radios 4, 5, 6 y 7, y el pago inmediato de expedientes atrasados.
Mientras el Gobierno intentó destacar durante la reunión los esfuerzos realizados en materia de tarifas subsidiadas y créditos productivos, el argumento resultó insuficiente para contener el reclamo sectorial específico de la docencia. La diferencia entre la agenda del Gobierno (que mira a marzo) y la urgencia de los gremios (que necesitan respuestas para febrero) ha generado un abismo difícil de sortear en pocas horas.
La comunidad educativa de San Juan aguarda ahora una convocatoria de urgencia. Sin una nueva oferta que contemple el mes de febrero y una respuesta a los ítems técnicos reclamados, el ciclo lectivo 2026 corre el serio riesgo de comenzar con las escuelas vacías y un conflicto gremial de gran escala instalado desde el primer día.
La fuerte presión gremial, un hecho inédito en un gobierno que llegó al poder de la mano de los docentes, comenzó a conocerse con la posición que dió a conocer UDA, seccional San Juan, con una convocatoria a través de las redes indicando que será una reunión informativa y resolutiva. Y en ese sentido los temas propuestos para tratar serán:
1) Análisis de la última reunión actual paritarias y
2) Plan de acción y medidas a seguir
Es este último tema el que hace presuponer que los docentes tienen resuelto no comenzar con las clases y en las últimas horas se conoció, también a través de las redes, la posición del Plenario de Delegados Escolares de UDAP que no sólo participará de la movilización del próximo miércoles 11 de febrero, convocada por la CGT y las dos CTA, para rechazar la Reforma Laboral del gobierno de Milei y defendida por el gobernador Marcelo Orrego sino que adelantaron el no inicio del ciclo lectivo programado para el 2 de marzo en caso que el gobierno provincial no contemple los reclamos solicitados en la paritaria de diciembre del 2025 y convocó a la docencia sanjuanina al estado de alerta y movilización.
El hecho se basó en un reclamo individual de un trabajador contra una empresa que, circunstancialmente, tuvo como escenario los papeles guardados en una oficina gubernamental.
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El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano avanza con la organización de las Colonias de Verano 2026, que se desarrollarán del 7 al 30 de enero en distintos departamentos, con capacitaciones para monitores, continuidad alimentaria para los chicos y actividades de concientización ambiental.
Operadores civiles del sistema de emergencias denunciaron falta de respuestas del Gobierno provincial y situaciones de persecución interna. Aseguraron que el servicio funciona con normalidad y que continuarán con las protestas.
El vicepresidente del EPRE, Roberto Ferrero, advirtió que los nuevos límites de energía subsidiada no contemplan las condiciones particulares de San Juan y reclamó elevar los topes a 600 kWh en meses críticos y 300 kWh en el resto del año.
El abogado cuestionó la amplitud de los cambios propuestos por el Gobierno y sostuvo que el proyecto avanza sobre derechos adquiridos y estructuras históricas del sistema laboral argentino. Además, alertó sobre medidas que, según afirmó, buscan disciplinar a los trabajadores estatales.
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