Daniel G. Solar
En los pasillos de la política sanjuanina, el silencio suele ser el preludio de una tormenta. Esta vez, el epicentro del ruido no está en las oficinas de la Capital, sino en la sinuosa ruta que une el proyecto Hualilán, en Ullum, con las instalaciones de la mina Casposo, en Calingasta. Lo que para algunos es un eslabón lógico de eficiencia productiva -procesar mineral de un yacimiento en la infraestructura ociosa de otro- se ha transformado en un campo de batalla de intereses contrapuestos.
La reciente presentación de un petitorio por parte de la Cámara de Servicios Mineros y afines de Calingasta (CASEMICA) ante el Vicegobernador Fabián Martín -con el ruego expreso de que llegue a manos del Gobernador Marcelo Orrego- no es un trámite burocrático más. Es un guante arrojado sobre la mesa en un momento donde la minería sanjuanina busca consolidar su "segunda ola" de desarrollo.
La tensión tiene nombres propios y coordenadas precisas. El municipio de Calingasta ha mostrado sus reservas respecto al tránsito intensivo de mineral proveniente de fuera de su territorio, mientras que CASEMICA, la entidad que nuclea a los proveedores locales desde 2012, ve en esta logística la única vía de supervivencia y crecimiento para el empresariado departamental.
El documento, firmado por el presidente de la entidad, José Adolfo Ibazeta, y el tesorero Oscar Gallardo, es tajante. No se anda con rodeos diplomáticos al recordar que desde el segundo semestre de 2025, la cámara viene "bregando por una minería más justa". El conflicto escaló de las palabras a los hechos cuando la circulación de los camiones comenzó a verse entorpecida, poniendo en jaque el cronograma operativo de Hualilán.
El petitorio se estructura sobre dos ejes que funcionan como un ultimátum para la administración provincial:
La garantía de circulación: CASEMICA exige que el Gobierno intervenga en todos sus estamentos para asegurar el transporte de mineral desde Ullum a Calingasta. Pero el reclamo va más allá del Ejecutivo; piden gestiones directas ante el Poder Judicial para que se garantice el "libre derecho a la circulación". Esta frase no es casual: alude directamente a los cortes o bloqueos que han frenado la actividad, sugiriendo que la paz social en la zona está prendida de un hilo.
La Ley de Proveedor Local: Los empresarios calingastinos sienten que el tiempo de las promesas se agotó. Exigen que la "Ley de Proveedor Local" sea un hecho tangible. Para CASEMICA, frente a la inminente llegada de la "megaminería" al departamento, esta herramienta legal es el único escudo que permitirá a los ciudadanos de las comunas tener "posibilidades genuinas de desarrollo" y, fundamentalmente, pensar en el escenario de la "posminería".
El reclamo de CASEMICA pone en evidencia una fractura en la narrativa oficial del desarrollo minero. Mientras el Gobierno provincial promociona a San Juan como un destino mining-friendly para las inversiones extranjeras, en el territorio la disputa es por quién maneja la camioneta, quién provee el catering y quién procesa la piedra.
La entidad sostiene que es una "irracionalidad desaprovechar esta oportunidad" que brinda la ley nacional para pautar normativas locales claras. El tono del escrito es de una urgencia casi dramática: hablan de una actividad que "cambió la cara a la provincia" y que ahora debe "rendir cuentas de forma incesante".
El desafío para la gestión de Marcelo Orrego es mayúsculo. Por un lado, debe aplacar las resistencias municipales que, movidas por reclamos ambientales o de infraestructura vial, miran con desconfianza el paso de mineral ajeno por sus calles. Por el otro, debe responder a una base de proveedores locales que son, en última instancia, los que sostienen el tejido social y económico de los departamentos alejados.
Pero un empresario minero local puso sobre la mesa de las discusiones otro tema que seguramente abrirá otro debate en Calingasta y con mayor repercución teniendo en cuenta la magnitudes de los emprendimientos mineros que representan El Pachón y Los Azules al sostener que el "petitorio de CASEMICA no es solo un pedido de seguridad para camiones de Hualilán sino un llamado de atención anticipada para los que deben dar respuesta a los futuros problemas logísticos como lo serán la provisión de bienes y servicios de dos gigantes a construir como las minas de El Pachón y Los Azules". Un dato que no es menor y que de no resolverse el pequeño conflicto que significa Hualilán - Casposo, nadie quiere imaginarse lo que serán los restantes.
En definitiva, el petitorio de CASEMICA no es solo un pedido de seguridad para los camiones de Hualilán. Es una radiografía de la puja por el poder real en San Juan: la lucha por asegurar que la riqueza del subsuelo no pase de largo por la ruta, dejando atrás solo polvo y promesas incumplidas.
En San Juan ya no se discute la minería en términos de "sí o no", sino de "cómo y para quién". El petitorio de la entidad que reúne a los proveedores mineros calingastinos es la prueba que el desarrollo regional es, ante todo, distribución y logística.
