Daniel G. Solar
Con la publicación de la Resolución N° 080/26, que da cierre a la Revisión Tarifaria Ordinaria (RTO), San Juan no solo ha establecido las reglas de juego para el próximo lustro (2026-2030), sino que ha enviado un mensaje político y técnico inequívoco y directo: la rentabilidad empresarial no puede estar disociada de la realidad social de los usuarios.
La decisión del organismo regulador se basó en un hecho objetivo: el rechazo categórico a la pretensión de la distribuidora Naturgy San Juan S.A., que solicitaba un incremento del 23,3% en la tarifa final. En su lugar, el EPRE autorizó una suba del 10,8%. Una cifra que se ubica significativamente por debajo de la inflación y de la variación salarial promedio registrada en el país.
Esta determinación, lejos de ser una medida aislada y caprichosa, es una estrategia integral de "asequibilidad y resiliencia" que prioriza la economía doméstica sin descuidar la necesidad de modernizar la red eléctrica.
La nueva normativa, que tendrá vigencia formalmente desde el 23 de enero de 2026, introduce un alivio táctico para los bolsillos de los sanjuaninos: la postergación del impacto en las facturas. Reconociendo el alto consumo eléctrico durante el verano sanjuanino, el EPRE ha dispuesto que los nuevos cuadros tarifarios recién se reflejen en las facturas de mayo del corriente año.
Esta decisión de diferimiento es técnica, pero con un profundo y novedoso sentido social en el mercado eléctrico. Evita que el ajuste coincida con los picos de demanda estacional, protegiendo el poder adquisitivo en los meses de mayor gasto energético. Además, al limpiar la "Base de Capital Regulatoria" de ajustes retroactivos injustificados solicitados por la empresa, el EPRE ha evitado una transferencia de ingresos artificial desde los usuarios hacia la compañía, asegurando que cada peso pagado corresponda a una inversión real y necesaria.
Más allá de los porcentajes, la Resolución 080/26 introduce mecanismos de control de vanguardia en la administración de servicios públicos. Se abandona la lógica del control pasivo, que tantas criticas ha generado, para pasar a un esquema de incentivos dinámicos.
El punto neurálgico de esta modernización es el Factor de Incentivo a la Modernización y Calidad del Abastecimiento (FIMCA). Este mecanismo rompe con la inercia tradicional: la empresa no cobrará por promesas, sino por resultados verificables. Solo si se registran mejoras medibles en la calidad del servicio, se activarán los incentivos económicos.
Paralelamente, se endurece la mano del Estado. Los valores unitarios de las sanciones se han incrementado, enviando una señal financiera clara: será más costoso para la distribuidora pagar multas por mal servicio que invertir en solucionarlo. A esto se suma un sistema de segmentación por estratos socioeconómicos para el control de calidad. En este último punto, el EPRE reconoce que la realidad eléctrica no es homogénea en toda la provincia.
Uno de los aspectos más novedosos, y humanistas, de la resolución es la creación del "Estrato de Atención Prioritaria". En un mercado que tiende a concentrar inversiones en zonas densamente pobladas y rentables, el EPRE obliga a Naturgy a ejecutar Planes de Inversión Obligatorios en zonas alejadas, vulnerables o de "escaso atractivo financiero".
Esta medida ataca la desigualdad estructural del servicio. Garantiza que la calidad del suministro eléctrico sea un derecho universal para los sanjuaninos, y no un privilegio reservado para los centros urbanos de alto consumo. Es una intervención estatal que corrige las fallas naturales del mercado, asegurando que la "resiliencia" de la red llegue a todos los rincones de San Juan.
El quinquenio 2026-2030 no se tratará solo de mantener el tendido eléctrico existentes. La normativa instruye un "Plan Director de Obras" diseñado para un escenario de crecimiento económico. San Juan se prepara para un despegue de la actividad y la red eléctrica debe ser el soporte, no el cuello de botella.
La hoja de ruta incluye la integración de Generación Distribuida (usuarios que generan su propia energía), la implementación masiva de medición inteligente y la preparación de la infraestructura para la electrificación del transporte. Además, se aborda la eficiencia interna de la empresa mediante un plan de reconversión de personal, consensuado con los gremios, para asegurar que la fuerza laboral esté capacitada para los desafíos tecnológicos de la Ley N° 524-A.
La resolución del EPRE trasciende las fronteras provinciales y ofrece una perspectiva valiosa para el mercado eléctrico argentino en su conjunto. En un contexto nacional donde a menudo se debate entre el congelamiento tarifario insostenible y la liberalización abrupta de precios, San Juan propone una "tercera vía": la regulación técnica rigurosa con sensibilidad social.
Al mantener las tarifas por debajo del promedio de las distribuidoras nacionales, San Juan mejora su competitividad sistémica para atraer industrias, al tiempo que cuida el salario real de sus habitantes. El proceso, legitimado por cinco Audiencias Públicas y la participación del Consejo Asesor de Acompañamiento, demuestra que la transparencia institucional es el mejor antídoto contra la conflictividad social.
La Resolución 080/26 no es solo un cuadro de números: es un contrato social renovado. Equilibra la ecuación de una tarifa justa y razonable con la necesidad imperiosa de inversiones. San Juan, atraves del EPRE, ha decidido que el futuro energético no se espera. Se planifica y se regula, poniendo a los usuarios en el centro de la escena.
