Daiana Coria
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) solicitó formalmente al Congreso de la Nación que derogue el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 461/2025, que dispuso la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
La presentación fue dirigida a Oscar Zago, presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, y plantea que el decreto fue firmado el último día de vigencia de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo por la Ley Bases.
En el documento enviado al Congreso, el gremio denunció que "la disolución de la DNV está argumentada en base a informes apócrifos del Ministerio de Desregulación" y que el decreto “omite designar a los organismos que llevarán a cabo las tareas que hace la DNV hasta el día de la fecha”.
Además, advirtieron que las únicas funciones detalladas en el DNU se limitan a tareas de vigilancia vial, la creación de una agencia de control de concesiones y el traspaso de bienes muebles e inmuebles a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). “El cierre del organismo representa un grave perjuicio para la infraestructura, la cohesión nacional y la desaparición completa del concepto de patria”, expresó el sindicato conducido por Graciela Aleñá.
El reclamo gremial se da en medio de la tensión entre el gobierno nacional y los gobernadores, tras la decisión del presidente Javier Milei de llevar a cero el presupuesto de obra pública. Esa medida derivó en el quiebre de alianzas legislativas con algunos sectores provinciales, lo que podría impulsar el tratamiento de los DNU en el Congreso.
El decreto 461/2025 fue frenado parcialmente por la Justicia a partir de una medida cautelar solicitada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA). La jueza Martina Forns, del fuero Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N°2 de San Martín, suspendió por seis meses cualquier acto administrativo derivado del DNU, impidiendo traslados, cesantías o supresión de estructuras vinculadas a Vialidad Nacional. El Gobierno ya anticipó que apelará la decisión.
Fuente: Página 12
