Daiana Coria
Desde la Asamblea Agüita Pura para San Juan, su referente Ariel Cortéz expresó una fuerte preocupación por los vínculos entre el Estado argentino y la empresa estatal israelí Mecorot, que podría intervenir como consultora en el diseño de planes maestros para el manejo del agua en la provincia.
“Nuestra posición es totalmente en contra. Esto constituye una entrega de soberanía total”, expresó. Cortés señaló que se trata de una firma que "ha sido señalada por la ONU desde 2014 por violaciones sistemáticas a los derechos humanos", y que la decisión de avanzar con estos acuerdos representa un riesgo concreto: “El financiamiento de estos contratos termina siendo, en parte, bombas que caen sobre casas”.
El activista recordó que en 2022 se firmó un primer acuerdo entre el Consejo Federal de Inversiones y Mecorot, impulsado por el entonces gobernador Sergio Uñac. “Es uno de esos casos en donde vemos que la política no tiene grietas, no tiene divisiones. Siguen no por un interés común del pueblo argentino, sino por los negocios que puedan tener en cada provincia”, afirmó.
También apuntó contra la estrategia hídrica que propone la empresa israelí: “Sabemos, a través de otras provincias y de otros países donde ha actuado, que ellos lo llaman manejarse con la cultura de la escasez”. Según explicó, esto implica “establecer un caudal básico para cada persona y, si te excedes, pagás tarifas mucho más altas”.
Para Cortéz, aplicar ese modelo en San Juan sería contradictorio con la realidad local: “En un país en donde el agua es abundante, como el nuestro, esto es un sinsentido”. Y advirtió: “Estamos hablando de eliminar las funciones del Estado a través de OSSE y los entes que regulan el agua. Y hacerlo con una empresa estatal de otro país. Es como entregar las llaves de tu casa”.
Por otro lado, advirtió sobre el interés geopolítico en los recursos hídricos argentinos: “Pensemos que nuestro país es uno de los países con más abundancia de agua dulce y que esa agua hoy por hoy está cotizando como una mercancía en Wall Street”.
La Asamblea presentó notas al gobierno de Marcelo Orrego para conocer si existen vínculos con Mecorot, pero no obtuvieron respuesta. “Creemos que el gobierno provincial tiene que asumir una posición clara”, sostuvo Cortéz, quien anticipó que en los primeros días de agosto realizarán una movilización y actividades informativas en la Universidad Nacional de San Juan.
“La asamblea se reúne todos los martes en la Estación San Martín a las 8 de la noche. Allí compartimos información y nos organizamos frente a esta entrega”, concluyó.
