Lu Soria
El conflicto entre los choferes nucleados en UTA y la cámara empresaria ATAP llegó a su fin, al menos por el momento. Para alcanzar esta tranquilidad, el Gobierno de San Juan desembolsó una gran cantidad de dinero.
El 11 de marzo, antes de reunirse con los representantes de UTA, Ricardo Salvá dijo a Elementos FM que las empresas eran meras proveedoras del transporte público y recordó que el Estado debía garantizar la prestación del servicio a la sociedad. Además, denunció que el Gobierno no quería meterse en la negociación entre UTA y ATAP.
En el día de ayer, la Ministra de Gobierno, Laura Palma expresó que "siempre hemos tenido un Gobierno con mucho diálogo". Sin embargo, Ricardo Salvá expresó en la entrevista que durante meses alertaron al Gobierno por la situación que atravesaban y le pidieron "que se nos acompañe".
Por su parte, Laura Palma considera que "los temas salariales los tiene que discutir ATAP con sus empleados, en este caso, con el gremio", quitándole responsabilidad al Estado. A continuación, reveló que se llegó a un acuerdo después de que el Gobierno de la Provincia hiciera "un esfuerzo acompañando este retroactivo de febrero, y ATAP se haría cargo de la deuda de los meses anteriores en cuotas. El servicio se presta con normalidad porque sabemos que los sanjuaninos necesitan el transporte público para llegar a su lugar de trabajo, para llevar a los chicos a las escuelas, así que no queremos medidas de fuerza".
El acuerdo le costó al Gobierno de San Juan una inversión de "$280 millones de pesos para hacer frente a las diferencias de febrero". Como resultado, UTA San Juan anunció que "se levantan las medidas de fuerza anunciadas y que la prestación del servicio de transporte público se realizará de forma normal".
RELACIONADO:
