El Gobierno intentará reflotar el proyecto de reforma electoral a partir de marzo y avanzar con cambios al sistema tributario pero la relación con el peronismo en el Senado, fundamental para la aprobación de esas iniciativas, se presenta tensa en el inicio del año debido al envío de fondos a Buenos Aires y la posible reducción de aportes patronales.
Si bien el bloque de senadores del PJ-FPV (que ostenta una holgada mayoría en la Cámara alta) terminó 2016 con una marcada división entre los peronistas dialoguistas y el kirchnerismo duro, los anticipos para 2017 del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, amenazan con cerrar esa grieta.
El jefe de esa bancada, Miguel Ángel Pichetto, mostró durante el año pasado su predisposición a acompañar a un oficialismo en franca minoría en nombre de la "gobernabilidad" -lo que le valió una rebelión del sector K- pero nunca se apartó del mandato que le dan los gobernadores peronistas y la CGT.
Precisamente con esos dos actores clave el Gobierno empezó a tener fricciones: con los primeros, a causa del giro por decreto de 25 mil millones de pesos para la provincia de Buenos Aires, y con los segundos, por la intención de reducir los aportes patronales.
Días atrás, Pichetto expresó públicamente la "preocupación de los gobernadores" por las "asimetrías y la injusticia en materia de distribución de recursos a las provincias", a propósito del envío de fondos a la gobernadora María Eugenia Vidal.
El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, fue el primero de los mandatarios que criticó abiertamente esa medida y también lo hizo el diputado y presidente del PJ José Luis Gioja, cuya influencia sobre los legisladores nacionales de San Juan es mayor que la del gobernador Sergio Uñac.
En tanto, la CGT objetó la intención de Dujovne de bajar los "costos laborales" y se puso en alerta ante una posible reducción de los aportes patronales, al tiempo que advirtió al Gobierno que debe "corregir" el rumbo para no "volcar".
El peso de la opinión de los gobernadores y de la CGT en el Senado quedó demostrado cuando se trató la ley para modificar el Impuesto a las Ganancias, cuya aprobación fue demorada por el bloque que comanda Pichetto a la espera de que el Gobierno llegara a un acuerdo con esos dos sectores.
Además, el bloque del PJ-FPV votó a favor del pago a los fondos buitre sólo después de que los gobernadores fueran al Senado a manifestar su apoyo, así como congeló la reforma electoral a pedido de ellos; para votar el proyecto sobre las ART, en tanto, esperó el visto bueno de la central gremial.
La subordinación del peronismo dialoguista a los deseos de los mandatarios provinciales y la CGT, combinada con la vocación del kirchnerismo duro a rechazar todo lo que provenga de la administración del presidente Mauricio Macri, deriva en un frente de tormenta para el Gobierno.
Los desacuerdos de la Casa Rosada con los caudillos y el sindicalismo peronistas tensan la relación con un Senado dominado por el PJ-FPV, a lo que se suman factores propios de un año electoral que pueden derrumbar puentes con otros bloques, como el que conforman los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso.
Durante la última mitad del año, Rodríguez Saá abandonó el rol de aliado del oficialismo que mostró al principio sin dar demasiadas explicaciones, pero según supo NA, el motivo sería el apoyo del Gobierno a su rival provincial, Claudio Poggi.
Este diputado nacional fue gobernador de San Luis entre 2011 y 2015 con el apoyo de los Rodríguez Saá, pero luego tomó distancia y ahora se perfila como el principal competidor en las elecciones legislativas de esa provincia con apoyo de Cambiemos.
La reforma electoral y tributaria, aún en pie
Si bien el Congreso no volverá a sesionar hasta marzo -a menos que se convoque a sesiones extraordinarias, lo que el Ejecutivo no tiene previsto hasta ahora- las tensiones con el Senado complican las perspectivas del Gobierno para dos iniciativas que requerirán de la aprobación del Congreso.
Una de ellas es la reforma tributaria en la que trabajan el ministro de Hacienda y el director de la AFIP, Alberto Abad: podría ser discutida -cuando tome forma de proyecto de ley- por la Comisión Bicameral de Reforma Tributaria que fue creada en julio último por el Congreso.
Fuente: NA
