Daniel G. Solar
El boom del cobre en San Juan dejó de ser una promesa de manual económico para transformarse en un tablero de ajedrez corporativo descarnado. En el centro de la escena ya no están las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), que aún no terminan de completarse, ni los plazos burocráticos, sino un recurso tan vital como escaso: la infraestructura eléctrica. La provincia asiste hoy a una pulseada silenciosa pero feroz entre grandes conglomerados multinacionales que promete redefinir el mapa minero local y expone la alarmante falta de iniciativa del gobierno de Marcelo Orrego para timonear el conflicto.
Por un lado, el megaproyecto Vicuña, la alianza estratégica de BHP y Lundin Mining, avanza con la voracidad propia de quien sabe que juega con el viento a favor. Su objetivo inmediato es asegurarse el uso casi exclusivo de la energía excedente que transporta la línea desde la Estación Nueva San Juan hasta la Estación Transformadora Rodeo. Se trata de un cuello de botella técnico insalvable en el corto plazo. Quien logre quedarse con esos megavatios asegurará la viabilidad inmediata de sus yacimientos; quien quede afuera tendrá que esperar años o asumir inversiones astronómicas para construir infraestructura propia.
"La provincia asiste hoy a una pulseada silenciosa pero feroz entre grandes conglomerados multinacionales"
Ante esta encerrona, McEwen Mining, controladora del proyecto calingastino Los Azules, decidió patear el tablero y activar un "Plan B" que encendió de inmediato las alarmas en el sector productivo local. Rob McEwen no está dispuesto a que su mina quede congelada por el monopolio eléctrico del norte. La alternativa de Los Azules consiste en mirar hacia el sur: financiar un tendido eléctrico propio hacia Mendoza para unirse con el proyecto minero San Jorge, el cual ya contempla una conexión eléctrica directa con la Estación Transformadora Mendoza Norte.
Esta potencial fuga de inversión millonaria en infraestructura hacia la provincia vecina no es un simple detalle de ingeniería civil; constituye un síntoma político de extrema gravedad. La pregunta que recorre los pasillos del sector minero y que los medios tradicionales locales esquivan de forma sistemática es evidente: ¿Dónde está el Estado provincial para ordenar el desarrollo estratégico? La Constitución establece con claridad que los recursos naturales pertenecen a las provincias, pero en la práctica, la gestión de Marcelo Orrego parece haber asumido un rol de mero espectador administrativo, dejando que el destino energético de San Juan se resuelva exclusivamente en oficinas extranjeras.
La pasividad oficial no es gratuita ni inocua para los ciudadanos comunes de la provincia. Si Los Azules se ve empujado a canalizar su infraestructura y su esquema logístico hacia el territorio mendocino, el perjuicio para los sanjuaninos será directo, profundo e irreversible. No estamos hablando de simples tendidos de cables, sino de la pérdida del control sobre el desarrollo integrado del proyecto. Mendoza, una jurisdicción históricamente restrictiva y temerosa con la actividad minera, podría terminar capitalizando el derrame económico, impositivo y logístico de un yacimiento de cobre situado íntegramente en suelo sanjuanino.
"La gestión de Marcelo Orrego parece haber asumido un rol de mero espectador administrativo"
Aquí radica la mayor preocupación de las cámaras empresarias de San Juan. Los proveedores locales, agrupados en entidades que costó años consolidar bajo estándares internacionales, observan con desconfianza esta canibalización energética. Para el empresariado local, la defensa de los derechos territoriales es una cuestión de supervivencia comercial pura. Si la logística de Los Azules se desplaza al sur, la contratación de servicios especializados, metalúrgica, transporte masivo y obra civil se mudará inevitablemente a Mendoza. Las cámaras locales no exigen que la gobernación actúe como un árbitro estricto que defienda el compre local y el empleo genuino, forzando soluciones que mantengan las obras dentro de los límites provinciales.
La historia demuestra que las regalías mineras por sí solas no transforman una comunidad; lo que verdaderamente genera riqueza sostenible es la cadena de valor y la infraestructura remanente que queda arraigada en el territorio. Permitir que los dos proyectos de cobre más importantes del país se disputen los saldos de una línea eléctrica saturada, sin que el Estado trace una estrategia de red integrada o financiamiento conjunto, roza la negligencia en la planificación de la política pública.
San Juan está ante una encrucijada histórica. El cobre es el mineral estrella de la transición energética global y la cordillera sanjuanina lo posee en abundancia. Sin embargo, la riqueza geológica pierde su fuerza si la conducción política carece de la audacia necesaria para subordinar la urgencia corporativa al desarrollo provincial. La administración de Orrego debe reaccionar urgentemente. Defender los recursos implica sentar a las mineras a la mesa con firmeza, exigir soluciones que potencien el empleo local y evitar que la inacción estatal termine regalando el futuro productivo de la provincia a sus vecinos.
