Juan Manuel Orrego
Hagamos un ejercicio de memoria histórica, un saludable hábito que la inmediatez de la política actual suele sepultar. Corría el 26 de agosto de 1863 cuando el caudillo riojano Ángel Vicente "El Chacho" Peñaloza le dirigió una célebre y dramática carta formal a Domingo Faustino Sarmiento, por entonces gobernador de San Juan y Director de Guerra. En aquella misiva, el líder llanisto le proponía una tregua honorable, mientras le recriminaba con crudeza el salvajismo de la "guerra de policía" que las tropas porteñas y sanjuaninas desataban en el interior profundo. La respuesta del prócer sanjuanino fue implacable: rechazó cualquier atisbo de clemencia o acuerdo político, y optó por degradar al general de la Nación al estatus de un delincuente común alzado contra la ley. Los archivos de ese trágico intercambio epistolar siguen allí, inalterables, como testigos de una época donde las disputas de poder se dirimían a sangre y fuego.
Han tenido que pasar exactamente 163 años desde aquel encendido cruce para que la historia —o más bien, su repetición en clave de farsa— volviera a convocar a los memoriosos y estudiosos del pasado regional.
Hoy, el gobernador riojano Ricardo Quintela pretende revivir artificialmente aquellos viejos fantasmas de la discordia. Sin embargo, a diferencia de la densidad histórica de Peñaloza, la actual embestida de La Rioja contra San Juan por un supuesto e infundado conflicto limítrofe no busca la justicia federal, sino el rédito mediático. Lo que en el siglo XIX fue una tragedia fundacional de la Argentina, hoy se traduce en una burda jugada política que la actual gestión sanjuanina, por pura distracción o alarmante ingenuidad o muñeca política, ha decidido convalidar elevándola a rango de crisis de Estado.
¿Y por qué supuesto? porque el reciente conflicto limítrofe desempolvado por la provincia de La Rioja no es más que una puesta en escena perfectamente calculada por el gobernador Ricardo Quintela. Con un ojo puesto en el estancamiento de su propia gestión y el otro en la construcción de su proyección presidencialista, el mandatario riojano necesitaba un enemigo externo, una épica de frontera que le permitiera saltar el cerco de su provincia y colonizar los micrófonos de los grandes medios de Buenos Aires. Y lo logró. Quintela se posicionó en la agenda nacional como el "defensor de la soberanía riojana", utilizando un reclamo territorial descabellado, anacrónico y carente de todo sustento jurídico e histórico.
Y el problema no es que Quintela haya tirado el anzuelo; el problema es que el gobernador Marcelo Orrego se tragó la caña completa. Con una alarmante falta de lectura política, la gestión sanjuanina reaccionó sobredimensionando un conflicto que debió haberse encapsulado y resuelto por los canales institucionales técnicos y de bajo perfil. Sin embargo al darle trascendencia pública a un delirio limítrofe, Orrego no solo validó la jugada de su par riojano, sino que le otorgó el estatus de interlocutor válido en una disputa armada con fines puramente electorales.
La pregunta inevitable es cómo la administración de Marcelo Orrego no advirtió a tiempo la dimensión política de la maniobra.
Recién cuando el tema había escalado mediáticamente, el gobernador sanjuanino decidió convocar a fuerzas políticas, sectores productivos e instituciones para defender de manera conjunta la posición de la provincia. La iniciativa puede resultar razonable en el contexto actual, pero también expone una contradicción difícil de ignorar.
¿Por qué el llamado a la unidad aparece ahora y no cuando San Juan debió debatir decisiones nacionales de enorme impacto para su presente y su futuro?
Durante meses, el gobierno provincial acompañó o respaldó iniciativas impulsadas por la administración de Javier Milei que generaron profundas discusiones en distintos sectores sociales, sindicales, productivos y políticos. Sin embargo, en esas instancias no existieron convocatorias amplias ni mesas de consenso que permitieran construir posiciones colectivas de la provincia frente a normas que muchos consideraban trascendentales.
Resulta difícil comprender por qué para una controversia limítrofe se convoca a todos los sectores, mientras que para decisiones que afectan directamente la vida cotidiana de miles de sanjuaninos la discusión quedó limitada a los ámbitos gubernamentales, de un círculo muy chiquitito, el de propio Orrego cuidando sus intereses.
La provincia de San Juan tiene una historia institucional demasiado rica como para ser arrastrada a debates inconducentes que solo benefician las aspiraciones personales de dirigentes foráneos. Gobernar exige audacia, pero sobre todo exige saber leer el contexto. Convocar a la unidad para defender el territorio de una quimera riojana, mientras se entrega la soberanía económica en el Congreso sin consultar a nadie, no es una estrategia de defensa: es, lisa y llanamente, una enorme torpeza política.
Marcelo Orrego no convocó a los sectores productivos para discutir las consecuencias de un modelo de desregulación feroz, ni llamó a la oposición para evaluar el costo social de convalidar herramientas políticas que asfixian a las provincias bajo el pretexto del equilibrio fiscal. En ese escenario, el centralismo porteño fue aceptado con sumisión y sin debate. Sin embargo, frente a una escaramuza de cabotaje diseñada por un gobernador vecino en campaña, se encienden las alarmas de la patria chica y se apela al patriotismo sanjuanino para tapar la falta de reflejos propios.
