Daniel G. Solar
En el complejo ajedrez político de San Juan, el control del territorio vecinal y deportivo representa el verdadero motor operativo de las campañas electorales. Quien maneja las uniones vecinales y los clubes de fútbol amateur retiene, en última instancia, el pulso social de los barrios periféricos. Por esta razón, la reciente jugada institucional del intendente de Rawson, Carlos Munisaga, no debe leerse como un mero trámite administrativo de vecinalismo, sino como una contraofensiva estratégica de manual orientada a frenar lo que el peronismo califica abiertamente como una "ola de intervenciones" orquestada desde el oficialismo provincial a través de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ).
Para comprender el contraataque técnico de Rawson es imperioso analizar el mapa de poder local. Históricamente, las asociaciones civiles de la provincia han funcionado como el canal directo de asistencia comunitaria y construcción política de base. Según fuentes internas del justicialismo, el organismo provincial encargado de regular estas entidades civiles viene ejecutando un riguroso proceso de normalización forzada que afecta, de manera casi quirúrgica, a los departamentos conducidos por intendentes de cuño peronista. Detrás de este brazo ejecutor institucional, las mismas fuentes del peronismo señalan la influencia directa del intendente de Santa Lucía, Juan José "Kanki" Orrego, hermano del actual mandatario provincial.
"Las asociaciones civiles han funcionado como el canal directo de asistencia comunitaria y construcción política de base"
Los antecedentes inmediatos justificaban plenamente las alarmas en el municipio rawsino. Desde el entorno de la oposición recuerdan el agresivo intento de la IGPJ por intervenir la influyente Liga Sanjuanina de Fútbol y confrontar de forma directa con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia. Asimismo, destacan la embestida contra la Federación Sanjuanina de Fútbol, entidad liderada por Nacif Faría que arrastra una década de trayectoria y nuclea a más de 180 clubes distribuidos en ligas estratégicas: Caucetera, Sarmientina, Jachallera, Iglesiana, Albardón/Angaco, Calingastina, Barrealina, Veinticinqueña, Vallista, Santa Lucía y Sur Este de Rawson. Semejante estructura de fidelización es un botín de alto valor para cualquier armado político en vísperas electorales.
Por otra parte, la avanzada regulatoria no se limitó al ámbito deportivo. En los últimos tres años, la IGPJ extendió sus intervenciones a uniones vecinales de enorme densidad demográfica, como las del Barrio Kennedy en Santa Lucía, de Rodeo en Iglesia, Barrio Aramburu en Rivadavia, además de entidades ubicadas en Calingasta, La Cieneguita en Sarmiento, La Rinconada, Villa Paulina, Villa Elisa , estas tres últimas de Pocito. El fenómeno institucional alcanzó incluso a colectivos tradicionales de la provincia como la Federación Gaucha Sanjuanina, la Cámara de Prestadores Mineros de Iglesia (Capresmi) y clubes emblemáticos como Sportivo Desamparados, El Globo, Atlético Alianza y Atlético Trinidad. Las comisiones directivas desplazadas denunciaron de manera sistemática que el mecanismo oficialista consistía en descabezar autoridades legítimas para imponer de forma solitaria a "punteros" alineados con el gobierno provincial mediante elecciones anticipadas express.
Ante este panorama de asfixia legal, la administración municipal de Rawson decidió que no esperaría de brazos cruzados a convertirse en la próxima víctima de la lista. Para evitar el trágico destino que narra la conocida fábula del escorpión y la rana, donde la ingenuidad frente a la naturaleza del adversario se paga con la propia muerte, Munisaga impulsó con celeridad legislativa una ordenanza clave para crear el Sistema Municipal de Organización Comunitaria Territorial. El corazón de este proyecto opera como una verdadera "mamushka" institucional que cobija en su interior a los denominados Núcleos Vecinales Promotores (NVP), las Comisiones Vecinales Institucionales y el Consejo Coordinador de Organizaciones Vecinales.
"Munisaga impulsó con celeridad legislativa una ordenanza clave para crear el Sistema Municipal de Organización Comunitaria Territorial"
La lucidez jurídica de estos núcleos radica en su flexibilidad adaptativa: facultan al municipio para reconocer y asistir de forma directa a comunidades, loteos y asentamientos en situación de vulnerabilidad que hoy carecen de sede física o de una unión vecinal formalmente constituida. Al operar bajo este paraguas reglamentario estrictamente municipal, la asistencia económica y técnica esquiva por completo las fiscalizaciones punitivas y las amenazas recurrentes de intervención de la IGPJ provincial. El diseño del programa contempla que, tras un periodo formativo, estos núcleos evolucionen ordenadamente hacia Comisiones Vecinales Institucionales, consolidadas bajo la tutela de un Consejo Coordinador integrado por concejales, técnicos y referentes barriales.
Con este blindaje normativo de tres capas, Carlos Munisaga no solo descentraliza la botonera de la gestión cotidiana, sino que edifica un escudo político inexpugnable para preservar su militancia territorial. Gracias a esta jugada oportuna, la rana de la fábula se ha fortificado defensivamente y promete cruzar las turbulentas aguas de la interna provincial con la absoluta certeza de llegar a la orilla.
