Yanina Páez
El debate sobre el aborto, transversal y que divide a la gran mayoría de los bloques del Congreso, volvió a instalarse en la opinión pública en el último mes luego de que el Gobierno habilitara su discusión en el Parlamento. El proyecto ingresó a la Cámara Baja de manera formal durante la noche de ayer, con la firma de 71 diputados, y comenzará a tratarse el próximo 20 de marzo en un plenario de cuatro comisiones.
Entre otros puntos, el proyecto establece en su artículo 1 que "en ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional". Además, asegura que toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de esta práctica del aborto en los establecimientos del servicio de salud "en un plazo máximo de 5 (cinco) días desde su requerimiento".
La iniciativa también contempla tres casos en los cuales la mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo: 1) si este fuere producto de una violación, con el sólo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente; 2) si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer; y 3) si existieren malformaciones fetales graves.
A su vez, obliga a todos los efectores del servicio público de salud, las obras sociales y las entidades de medicina prepaga a la cobertura integral de la interrupción legal de embarazo, que se podrá efectuar "sin ninguna autorización judicial previa".
El proyecto, que cuenta con trece artículos, tiene un apartado en relación a la problemática del embarazo adolescente. En este caso, señala que "si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse a una persona adolescente, entre los 13 y los 16 años de edad, se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento informado". En el caso de niñas menores a 13 años, será necesario "su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal".
La redacción de esta iniciativa, fruto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, estuvo a cargo de reconocidas juristas, médicas y militantes del movimiento feminista: Nelly Minyersky, Martha Rosenberg, Soledad Deza, Silvia Augsburger, Mabel Gabarra, Stella Maris Manzano, Nina Brugo, Alicia Cacopardo, Mónica Menini, Silvia Juliá, Carolina Comaleras y Cristina Zurutuza.
"La sociedad y el Estado deben debatir este problema y encontrar soluciones que den respuesta a un problema que no puede continuar en el campo de la clandestinidad y de la negación en su importancia socio-sanitaria", se sostiene en los argumentos del proyecto. Y se agrega: "las complicaciones relacionadas con el aborto son la primera causa de muerte materna y de esta manera se vulneran derechos fundamentales tales como: acceso a la salud, derecho a una vida sana y plena, derecho al ejercicio de la autonomía y autodeterminación sobre el propio cuerpo, la sexualidad y la reproducción".
Hasta el momento, la interrupción del embarazo en Argentina es posible en algunos pocos casos, definidos como no punibles en el Art 86 del Código Penal. Allí expresamente se despenaliza el aborto cuando se trata de un caso de embarazo producto de una violación o de un atentado al pudor de una mujer demente o idiota, o cuando corre peligro la vida y la salud de la mujer.
La interrupción del embarazo puede realizarse a través de técnicas farmacológicas o a través de técnicas instrumentales o quirúrgicas. Ambas técnicas requieren la intervención o supervisión de profesionales de la salud. "La reglamentación de este proyecto asegurará el acceso a todas las prácticas médicas posibles encuadradas dentro de las Prestaciones Médicas Obligatorias de forma tal de garantizar su acceso para toda la población", afirman los impulsores de la iniciativa.
FUENTE: LA NACIÓN
