Redacción El Tribuna
En agosto próximo, más de 900.000 personas de todo el país dejarán de percibir el programa social Volver al Trabajo, luego de que la Cámara Federal de San Martín revocara la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a sostener estos pagos mensuales, despejando el camino para que el Gobierno nacional elimine la asistencia directa y la reemplace por un sistema de vouchers de capacitación laboral.
La resolución, firmada por los camaristas Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, anuló el fallo de primera instancia del Juzgado Federal de Campana, que hasta ahora obligaba a mantener las transferencias de entre 78.000 y 80.000 pesos por beneficiario. Para justificar este revés judicial, la Cámara argumentó que la prestación tenía una vigencia preestablecida de dos años y que los amparos no deben utilizarse para interferir en el diseño de las políticas públicas que competen exclusivamente al Poder Ejecutivo, evitando así un adelantamiento de veredicto sobre la cuestión de fondo.
Este recorte impactará con dureza en los ya golpeados ingresos de los trabajadores de la economía popular, quienes utilizaban este complemento mensual, cuyo valor permanecía congelado desde el traspaso de la gestión a la cartera nacional a fines de 2023, como un recurso indispensable para cubrir gastos alimentarios y de subsistencia básica. Sin este paliativo, según advirtieron referentes del sector, miles de hogares quedarán expuestos de manera directa a la indigencia, lo que promete resentir aún más el consumo en los comercios de cercanía y acentuar la recesión en los barrios más postergados.
Por su parte, desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, confirmaron que el esquema de ayuda directa será sustituido definitivamente por el programa "Formando Capital Humano". Bajo este nuevo modelo de gestión, el Estado interrumpirá las acreditaciones en las cuentas de los titulares y reencauzará los recursos hacia el financiamiento de vouchers de capacitación laboral dictados por empresas, centros formativos y organizaciones. Paralelamente, otra fracción de estos fondos será destinada a financiar la extensión de la doble jornada escolar en escuelas primarias de áreas vulnerables.
La reacción de las organizaciones sociales no se hizo esperar ante la inminencia de la medida. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) calificó la decisión de la Cámara de "un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular" y denunció que el fallo desconoce de hecho el derecho al salario de casi un millón de familias. Ante este escenario, la agrupación anunció que iniciará un plan de lucha en las calles que incluye sumarse a la movilización de jubilados el próximo 22 de julio y convocar a una jornada nacional de protesta el 7 de agosto para exigir la restitución de los fondos.
