Daniel G. Solar
El Sindicato de Empleados Públicos de San Juan (SEP) presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y el subsecretario de Coordinación Administrativa, Sergio Benavidez. Los presuntos delitos incluyen abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación de instrumento público y hostigamiento. La denuncia fue presentada en la UFI Delitos Especiales (legajo MPF-SJ-11881) y está firmada por el secretario general, José Alberto Díaz, con el apoyo legal de los abogados Roberto Correa Esbry y María Vanesa de Dax Sansó.
El conflicto se originó el 20 de mayo de 2026, cuando el sindicato recibió una cédula administrativa que notificaba la Resolución N° 0156-MEFyH-2026, que suspendía por 180 días el código de descuento del SEP. Según el sindicato, la notificación fue dejada en un domicilio incorrecto y la escribana implicada certificó un hecho que no ocurrió.
La denuncia también involucra a la escribana adscripta Florencia D. Menechelli, quien, según el escrito, redactó un acta afirmando que notificó personalmente al secretario general del SEP. El sindicato argumenta que el domicilio en cuestión pertenece a otro gremio y que estaba cerrado. Además, se menciona a la escribana mayor, Maira María Manzini, por delegar funciones de manera irregular.
La denuncia judicial pone de relieve varias irregularidades. La resolución no especifica el número de expediente ni el funcionario responsable, y el sindicato había presentado su documentación de personería antes de la notificación, lo que contradice la reclamación oficial sobre la falta de presentación. Esto, para los denunciantes, configura falsificación ideológica.
Se agregó a la causa una segunda presentación que denuncia la duplicación de expedientes en el Ministerio de Economía. Dos trámites diferentes comparten el mismo número y fechas, lo que genera confusión. El sindicato solicitó el secuestro de libros de Mesa de Entradas y copias del sistema SIGED para aclarar la secuencia de los trámites.
El sindicato también solicitó grabaciones de las cámaras de seguridad del Ministerio del 22 de mayo, cuando una delegación asistió a ver el expediente. El subsecretario Benavidez mostró solo un documento sin firma y se negó a presentar toda la información, provocando el desalojo de los sindicalistas mediante la fuerza pública.
La denuncia resalta un contexto más amplio, mencionando la retención indebida de aportes sindicales y la difusión de noticias falsas que perjudican la imagen del sindicato. Según el SEP, estos ataques son parte de una persecución sistemática desde el poder provincial.
Los abogados del gremio pidieron la apertura de una investigación penal preparatoria, la producción urgente de pruebas y la declaración de empleados de Mesa de Entradas. Además, solicitaron la intervención del Ministerio de Gobierno para la remisión de los expedientes y los informes del sistema SIGED. La fiscalía ahora debe decidir si los hechos denunciados constituyen delitos y determinar a los responsables.
