Bono de US$ 600 millones al 10%: el alto costo de los 23 votos que ignoraron a Wall Street

El riesgo país argentino trepó a 925 puntos básicos, los bonos soberanos retrocedieron cerca de un 3% en una sola jornada y el mercado internacional, que en junio parecía un terreno amable para tomar deuda, cerró de golpe una puerta que la Legislatura sanjuanina había abierto con demasiado entusiasmo.

Aquel 4 de junio de 2026 la Cámara de Diputados autorizó al Poder Ejecutivo a gestionar y emitir deuda por hasta 600 millones de dólares y hoy, con el título aprobado para la Bolsa de Nueva York a una tasa que roza el 10% anual, San Juan descubre que el costo del dinero no era un detalle técnico sino el corazón del problema.

El indicador de JP Morgan acumula varias ruedas en alza: terminó septiembre en 607 puntos, cerró octubre en 787 y en lo que va de noviembre ya sumó más de 120. Los factores son locales e internacionales a la vez. Entre los primeros, la incertidumbre electoral de 2027, los vencimientos por unos 25.000 millones de dólares que deberá refinanciar la Nación, el magro ritmo de compra de reservas del Banco Central y la marcha atrás del Gobierno con la reforma del mercado de capitales. Entre los segundos, el triunfo demócrata en las elecciones de medio término de Estados Unidos, la reelección de Lula da Silva en Brasil y un mundo que huye de los activos considerados riesgosos. Luis Caputo sostuvo que "para la Argentina no cambia", pero los inversores le contestaron vendiendo.

En medio de ese panorama, el ministro de Economía, Luis Caputo, pidió a las provincias que eliminen cargas impositivas como el Impuesto de Sellos, una propuesta que, según Ámbito Financiero, sorprendió a los gobernadores porque nadie les había avisado. Mientras Martín Llaryora (gobernador de Córdoba), reclamaba "sentarse seriamente" y Rolando Figueroa (gobernador de Neuquén) planteaba discutir la coparticipación, el sanjuanino Marcelo Orrego respondió que está dispuesto a analizar cambios y recordó que en San Juan ya se bajaron o eliminaron algunos de los impuestos que Caputo pide suprimir.

Ahí está el error de cálculo. Orrego se apuró a bajar y eliminar impuestos sin tener en cuenta que el riesgo país se dispararía y que los bonos argentinos caerían en su cotización, justo cuando San Juan se endeudaba por hasta 600 millones de dólares a una tasa cercana al 10% anual. Cada impuesto provincial resignado es recaudación que no estará disponible para atender capital e intereses de una deuda que se paga en dólares, con ingresos en pesos.
La pregunta es inevitable: ¿de dónde sacará la provincia los recursos para pagar los servicios y los intereses del bono? ¿Qué áreas absorberán el ajuste si la recaudación cae y el crédito se encarece? ¿Salud? ¿Educación? ¿Seguridad? ¿El empleo público? Son preguntas que la Legislatura no se hizo al votar la emisión y que el Ejecutivo tendrá que responder.

El impacto en la economía provincial no será inmediato, pero sí concreto. Un riesgo país alto encarece el crédito para las empresas sanjuaninas, frena las obras que dependen de financiamiento externo, retrae la inversión privada y, por lo tanto, enfría la generación de empleo en la construcción, los servicios y los proveedores mineros. Además, cada punto de deterioro nacional se traslada a las provincias, porque ningún inversor distingue demasiado entre el Estado nacional y sus jurisdicciones.

La minería es la gran apuesta con la que San Juan pretende pagar. Pero los proyectos de cobre y oro dependen de financiamiento internacional, de apetito por activos emergentes y de un contexto externo estable. La derrota de Donald Trump alteró ese escenario: el petróleo se desplomó, con una caída del Brent superior al 17% en la última semana según Página 12, Wall Street está volátil y el humor hacia la región se endureció. No significa que las inversiones mineras se cancelen, pero sí que pueden demorarse, renegociarse o postergar desembolsos, y con ellas las regalías y el empleo que alimentan el flujo con el que se pensaba atender el bono.

Aquí es donde la responsabilidad política se vuelve ineludible. El 4 de junio la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Financiamiento, Mensaje Nº 20, por 23 votos a favor y 12 en contra, con el respaldo del bloque oficialista y el de algunos legisladores de extracción justicialista y filo justicialista. En junio ya se especulaba con un escenario adverso para Donald Trump y con una derrota del bolsonarismo en Brasil. Sin embargo, no se conoce que alguno de los que votaron afirmativamente haya analizado en comisión la marcha de los mercados ni el riesgo de endeudarse para llegar hasta noviembre, el mes en que se votaba en Estados Unidos. "Se legislo como si el viento de cola fuera eterno", consideró un operador de bolsa.

Más grave aún es el calendario. Los primeros vencimientos le caerán al gobierno que asuma el 10 de diciembre de 2027, que deberá pagar con una provincia sin acceso barato al crédito, con la recaudación presionada y con un mercado que ya cobra caro la deuda argentina. Los diputados peronistas y filo peronistas que votaron a favor no tuvieron en cuenta ni analizaron ese problema: le dejaron a su propio espacio, o a quien lo reemplace, una cuenta que nunca discutieron. La oportunidad que se invocó entonces se parece hoy demasiado a una improvisación.

Indudablemente, el bono se emitió y deberá pagarse. Lo que está en discusión es quién responde por haber votado a ciegas y cómo se evitará que la deuda sanjuanina se convierta en el principal condicionante del próximo gobierno.