El abismo regulatorio de Uber y DiDi y las consecuencias en el transporte sanjuanino

Gustavo, chofer de taxi de la provincia de San Juan, comentó en Elementos FM el profundo malestar del sector tras la movilización que los trabajadores del transporte llevaron a cabo frente al Centro Cívico, donde mantuvieron un extenso encuentro con autoridades provinciales. El conductor describió un panorama de saturación absoluta que destruye la rentabilidad del servicio y degrada de forma progresiva las condiciones de los vehículos que circulan por las calles sanjuaninas. 

“La verdad que un poco cansado con todo el tema este que venimos sufriendo y peleando todos los compañeros taxistas”, diagnosticó el chofer. El profesional remarcó que las exigencias estatales vigentes solo se aplican a los móviles registrados, ensanchando la brecha con los conductores informales de aplicaciones como Uber o DiDi. “Nosotros lo que estamos exigiendo hoy es que se rijan por la ley”, exigió,  ya que el costo del carnet profesional ronda hoy los $300.000, sumado a los rigurosos estudios psicológicos, cursos obligatorios y a un seguro para terceros transportados que asciende a $70.000 mensuales con actualizaciones trimestrales.

Lejos de manifestarse en contra de los trabajadores que ingresan a Uber o DiDi que atraviesan una urgencia económica, el conductor diferenció al "hombre necesitado" que busca un sustento diario del rol precarizador que ejercen las multinacionales en el circuito financiero local. “Uber se lleva el 30% de los viajes que a vos te da”, denunció. Para el taxista, la falta de una oficina física de las aplicaciones en San Juan no solo desprotege al chofer, sino que abandona al usuario ante cualquier siniestro: “Si a mí me pasa algo, el responsable no es Uber; el Gobierno de la provincia es el responsable por autorizarle a la empresa a prestar el servicio sin seguro total”.

Además, el taxista defendió la vigencia de los controles tradicionales como la única garantía de seguridad vial frente al alarmante deterioro de cubiertas lisas o desperfectos de gas que ya exhiben los autos particulares no inspeccionados. En un sistema donde se realizan unos 23.000 viajes diarios, la dispersión desregulada pulveriza la recaudación e impide cubrir gastos básicos como el cambio de aceite, que ya roza las $100.000 por mes.