Daniel G. Solar
La crisis hídrica en San Juan ha dejado de ser un problema estrictamente climático para convertirse en una crisis de gestión política con consecuencias institucionales impredecibles. En el Valle de Tulum, corazón productivo de la provincia, la alarmante baja de las napas freáticas y la alteración del acuífero por la dinámica de los diques ya no sólo preocupan a los científicos, sino que movilizan a un sector agrícola exhausto. Los regantes locales sostienen un fuerte reclamo frente a un escenario que amenaza directamente la supervivencia de la producción agrícola: mientras los canales sufren la falta de monda y las obras de infraestructura de riego esenciales siguen postergadas, el dinero destinado a mitigarlo duerme en las cuentas del Estado.
La secuencia documental iniciada el 5 de marzo de 2026 expone una radiografía alarmante de subejecución presupuestaria dentro del Departamento de Hidráulica, el organismo autárquico encargado de la distribución del agua. Los números, refrendados por el patrocinio legal del doctor Marcelo Arancibia junto a presidentes de Juntas de Riego de Chimbas, Caucete, Jáchal y otras comunas, revelan que “durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025 se ejecutaron fondos a cuentagotas”, sostuvieron y agregaron que en la Cuenta 13, nutrida por el Consenso Fiscal y destinada de forma específica a la infraestructura hídrica, “la ejecución física fue de apenas el 26% en 2024 y del 24% en 2025”.
Peor aún, la Cuenta 12 de recursos propios “mostró en 2025 un pobrísimo 16% de utilización. En términos reales, la parálisis administrativa dejó un bache financiero estimado en 20.400 millones de pesos”. Se trata de recursos presupuestados y aprobados por ley que jamás llegaron a los canales de riego ni a los acuíferos.
"En términos reales, la parálisis administrativa dejó un bache financiero estimado en 20.400 millones de pesos”
Esta asfixia financiera autogenerada colisiona de frente con el marco protector de la Constitución Provincial, que consagra el recurso hídrico como un bien público estratégico esencial para el desarrollo. La falta de respuestas del ministro de Infraestructura, Agua y Energía, el ingeniero Fernando Perea, y el silencio sistemático del director de Hidráulica, José María Ginestar, configuran una mora administrativa que los productores ya han tipificado como un desfinanciamiento estructural.
Las intimaciones presentadas mediante recursos de reconsideración y formales prontos despachos en junio de 2026 denuncian que la inactividad oficial vulnera principios básicos de equidad, fiabilidad y buena administración. Ante la escasez reinante, las cuotas de distribución de agua y los turnos se vuelven inequitativos si el Estado carece de la capacidad operativa para controlar derivaciones clandestinas o medir caudales de forma eficiente.
El conflicto escala hacia la gravedad institucional por la inacción del gobierno de Marcelo Orrego. La falta de reflejos políticos para atender las actas de compromiso incumplidas -que abarcan desde perforaciones en Valle Fértil y reparaciones en el dique Pachimoco hasta la compra de maquinaria pesada y estaciones níveas- evidencia un quiebre en la gobernanza del agua. A esto se suma el malestar explícito de los regantes ante la llamativa creación del cargo político de "Subcoordinador Administrativo Financiero" en Hidráulica en diciembre de 2025, en abierto contraste con las recurrentes negativas estatales para incorporar ingenieros hídricos o personal de cuadrilla apto para el mantenimiento.
La parálisis tampoco encuentra un dique de contención en el ámbito legislativo. A pesar de la severidad del cuadro productivo, la Cámara de Diputados de San Juan mantiene archivado el pedido de intervención formal ingresado el 12 de marzo de 2026. Las comisiones de Hacienda y de Agricultura han evitado convocar a la mesa de trabajo institucional solicitada por las Juntas de Riego para auditar por qué la provincia no invierte sus fondos específicos mientras los cultivos se secan.
"Las comisiones de Hacienda y de Agricultura han evitado convocar a la mesa de trabajo institucional solicitada por las Juntas de Riego"
Frente al vacío político, el escenario hídrico sanjuanino se encamina de forma inevitable hacia la judicialización. La falta de aprobación de las cuentas públicas de Hidráulica por parte del Tribunal de Cuentas durante los últimos períodos añade una fundada sospecha de irregularidad patrimonial. Los regantes ya han reservado el derecho de accionar mediante amparos por el derecho de acceso a la información y recursos contencioso-administrativos, pero el verdadero peligro para las autoridades gubernamentales radica en el plano penal. El desvío interno de partidas con afectación específica o la inejecución deliberada de los presupuestos aprobados pueden encuadrar en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación por aplicación oficial diferente y administración fraudulenta.
Cuando la política se retira y clausura los canales de diálogo, son la Fiscalía de Estado, la Defensoría del Pueblo y los tribunales de justicia los llamados a salvaguardar un recurso que pertenece a todos los sanjuaninos. El agua en San Juan no admite dilaciones; cada hectárea productiva perdida por la desidia burocrática representa un daño irreversible para el tejido social y económico de la provincia
