
¿Qué consecuencias trae la privatización de AySA al argentino común?
Alejandro Sánchez
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que este viernes 15 de mayo se publicarán en el Boletín Oficial la venta del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Tras diez meses de gestación, el Gobierno de Javier Milei finalmente le pone precio a la llave del grifo de 15 millones de personas.
La arquitectura de la venta está planteada para atraer a un "operador estratégico" que se quede con, al menos, el 51% de la firma, dejando el resto para la timba bursátil y un testimonial 10% para los trabajadores. El ganador de la compulsa tendrá el control de la red por tres décadas, un tiempo suficiente para que el agua deje de ser percibida como un derecho humano básico y pase a consolidarse, definitivamente, como una mercancía de mercado. Si bien Caputo asegura que la medida impulsará "nuevas y mejores inversiones", la letra chica de los nuevos contratos de concesión sugiere un escenario bastante más árido para el bolsillo del vecino.
El principal temor, que ya recorre por todo el conurbano, es la inminente dolarización de las tarifas en los hechos, disfrazada de actualizaciones mensuales. Sin el colchón del Estado para amortiguar los costos operativos, el valor de abrir la canilla podría dispararse a niveles prohibitivos. No es solo el precio lo que preocupa: la nueva normativa le otorga al privado una potestad que hasta hace poco era tabú en materia sanitaria: la capacidad de cortar el suministro ante la falta de pago.
Hay, además, un factor de desigualdad territorial que la lógica del mercado difícilmente pueda subsanar. Un operador privado, por definición, busca rentabilidad. En ese esquema, ¿qué incentivo tendrá la nueva AySA para llevar cloacas a los barrios más vulnerables de la periferia, donde la capacidad de pago es nula y los costos de infraestructura son altísimos? La historia de las privatizaciones en el país enseña que las obras de expansión suelen frenarse allí donde no hay retorno de inversión, profundizando la brecha entre quienes tienen agua segura y quienes deben seguir dependiendo de un pozo ciego.


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