Un especialista calificó de ilegal la medida contra la Secretaria de Empleados Públicos

El especialista en derecho laboral Roberto Correa Esbry alertó sobre el profundo impacto de la degradación institucional del área de Trabajo a nivel nacional y vinculó la quita de códigos de descuento al SEP con una persecución política en San Juan.
Nacionales27/05/2026Redacción El TribunaRedacción El Tribuna

Entrevistas para portada de diario (70)
Robert Correa Esbry, especialista en derecho laboral

Roberto Correa Esbry, abogado laboralista y asesor letrado del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), analizó en Elementos FM el severo escenario que atraviesa el mundo del empleo en la Argentina a raíz de las recientes reformas e intervenciones estatales Para el especialista en derecho laboral el cierre de las agencias territoriales no son reordenamientos presupuestarios, sino una decisión política destinada a eliminar la capacidad de resistencia obrera y las conquistas sociales consolidadas durante los últimos setenta años.

Al ser consultado sobre las políticas de la ministra Sandra Pettovello, señaló que la disolución de los rangos ministeriales debilita las estructuras que equiparan las desigualdades del mercado. “Al diluir la función, ya se venía diciendo que la iban a bajar de rango aún más; implica también el despido de personal y el recorte de funciones”, describió.


El especialista detalló la estrategia judicial que asumió en defensa del SEP tras la suspensión de los códigos de descuento dispuesta por el Ministerio de Economía de San Juan. Correa Esbry calificó la maniobra de "arbitraria, ilegal y nula", revelando insólitas desprolijidades en el mecanismo de notificación. Explicó que mientras la resolución ministerial fue enviada al domicilio real de la entidad, las supuestas intimaciones previas se despacharon a una dirección antigua en la calle Lavalle que el gremio no ocupa.

“Esa decisión ha sido tomada totalmente de manera arbitraria mediante una resolución que dice que el sindicato había incumplido una intimación previa; esa intimación previa jamás llegó al sindicato”, declaró. Frente a este cuadro, que el abogado definió como una clara "represalia a su accionar político" por las movilizaciones masivas al Centro Cívico, confirmó la presentación de un amparo sindical y el planteo de inconstitucionalidad de la norma para frenar el ahogo financiero de la mutual.

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