Redacción El TribunaLa Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó en condiciones de resolver la disputa judicial entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, un expediente que se transformó en uno de los principales focos de tensión entre la administración de Javier Milei y el sistema universitario.
La controversia gira en torno a la normativa sancionada por el Congreso, que establece la actualización automática de las partidas destinadas a las universidades nacionales, la recomposición salarial de docentes y no docentes, y la garantía de recursos para becas, infraestructura y hospitales universitarios.
Tras los fallos favorables obtenidos por el Consejo Interuniversitario Nacional en primera y segunda instancia, el Ejecutivo presentó un recurso extraordinario para intentar frenar su aplicación. Desde la Casa Rosada argumentan que el cumplimiento de algunos artículos implicaría un impacto fiscal significativo y pondría en riesgo el objetivo de equilibrio presupuestario.
Con el expediente elevado al máximo tribunal, la Corte podrá rechazar la apelación oficial sin ingresar al análisis de fondo o bien avanzar hacia una sentencia definitiva. En caso de desestimar el recurso del Gobierno, quedaría firme la obligación de transferir los fondos reclamados por las universidades.
La definición judicial se da en un contexto de creciente conflictividad. La reciente Marcha Federal Universitaria reunió a miles de estudiantes, docentes, rectores y trabajadores en distintos puntos del país para reclamar por el cumplimiento de la ley y denunciar el ajuste presupuestario.
En un documento conjunto, el CIN y gremios docentes advirtieron que la situación financiera del sistema universitario es “crítica” y acusaron al Gobierno de incumplir una obligación legal y constitucional. También alertaron sobre el deterioro salarial y sus consecuencias en el funcionamiento académico.
Según datos difundidos por las universidades, mientras la inflación acumulada desde diciembre de 2023 superó el 293%, los incrementos salariales alcanzaron apenas el 147%, lo que representa una pérdida real del poder adquisitivo superior al 37%.
La resolución que adopte la Corte tendrá un fuerte impacto institucional y político. Además de definir el alcance de la ley, marcará un precedente sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario público en uno de los debates más sensibles de la agenda nacional.
Fuente: Ambito
