Redacción El TribunaLa continuidad de Manuel Adorni en el Gobierno de Javier Milei abre interrogantes tanto en el plano político como judicial. A pesar del avance de investigaciones sobre su patrimonio y de un creciente costo en términos de imagen, la Casa Rosada decidió respaldarlo en su cargo en medio de un escenario adverso.
El caso, conocido como “Adornigate”, se profundizó tras la declaración de un contratista en los tribunales de Comodoro Py, que derivó en nuevas líneas de investigación sobre presuntas irregularidades. Entre los elementos que analiza la Justicia figuran gastos significativos en propiedades, refacciones y viajes al exterior, que contrastan con los ingresos declarados por el funcionario en los últimos años.
Según estimaciones judiciales, Adorni y su entorno habrían afrontado erogaciones por al menos 840 mil dólares, incluyendo la adquisición de inmuebles y reformas de alto costo. Esta situación dio lugar a diversas hipótesis sobre el origen de los fondos. Una de las más resonantes fue planteada por la diputada Marcela Pagano, quien sostuvo que el funcionario habría actuado como intermediario en supuestos circuitos de financiamiento vinculados al oficialismo.
En paralelo, la investigación se conecta con el caso de la criptomoneda $LIBRA, que también involucra a figuras cercanas al Presidente. De acuerdo a distintas líneas judiciales, existirían vínculos entre eventos empresariales, contactos con inversores y posibles mecanismos de recaudación paralelos.
Otras hipótesis apuntan a esquemas de retornos vinculados a contrataciones en medios públicos o incluso a la existencia de sobresueldos, una práctica que remite a antecedentes históricos en la política argentina. En ese marco, el juez Ariel Lijo ordenó nuevas medidas de prueba para reconstruir comunicaciones y movimientos financieros que permitan esclarecer los hechos.
Mientras tanto, sectores de la oposición, como el diputado Esteban Paulón, sostienen que el caso podría revelar un entramado más amplio dentro del Gobierno. A pesar de ello, el Ejecutivo mantiene su respaldo al funcionario, en una decisión que refleja la tensión entre la estrategia política y el avance de las investigaciones.
En este contexto, el desenlace judicial y el impacto en la opinión pública serán claves para definir no solo el futuro de Adorni, sino también la estabilidad del Gobierno en un escenario marcado por la desconfianza y las denuncias cruzadas.
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