Valentina Romo MillánA fines de marzo, la Justicia ratificó que el Gobierno nacional debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada y posteriormente ratificada por el Congreso. En concreto, la medida cautelar ordena la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la actualización salarial para docentes y no docentes de universidades públicas entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, además de la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
Hasta el momento, el poder ejecutivo no dio respuesta al fallo. En este contexto, sectores universitarios de todo el país avanzan con un plan de lucha. El secretario general de ADICUS, Jaime Barcelona, señaló que el Gobierno no convoca a paritarias desde septiembre del 2024 y que los aumentos salariales se otorgaron por decreto. También recordó que la ley fue judicializada sin éxito en dos instancias “El problema principal es que el Gobierno tiene dos órdenes judiciales para aplicar una ley y no quiere hacerlo”, afirmó.
Jaime advirtió sobre el creciente éxodo de docentes universitarios debido a la situación salarial. Según explicó, por primera vez muchos profesionales optan por reducir su carga horaria en la universidad o directamente renunciar, priorizando otros ámbitos laborales. Incluso, indicó que en algunos casos quedan vacantes sin cubrir, lo que impacta en el dictado de clases más allá de las medidas de fuerza.
En paralelo, un grupo de padres de alumnos de colegios preuniversitarios de la provincia manifestó su preocupación por los paros docentes. Al respecto, el dirigente gremial sostuvo que existen posturas diversas: desde quienes buscan soluciones hasta quienes, según planeteo desconocen el derecho a la propuesta. También cuestionó el intento de aplicar la Ley de Modernización Laboral, ya que, consideró a la normativa como inconstitucional al limitar el derecho a huelga establecido en la constitución.
De cara a las próximas semanas, el gremio docente confirmó la continuidad del plan de lucha. Se convocaron paros nacionales para la semana del 13 y del 27 de abril, bajo las consignas vinculadas a la recomposición salarial, la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el rechazo al desfinanciamiento del sistema. Desde el sector remarcan que, tras su ratificación, la prioridad es el efectivo cumplimiento de la norma y la defensa de la universidad pública.
