Daniel G. Solar
El panorama minero en San Juan atraviesa una etapa de definiciones que marcarán el pulso económico de la región por las próximas décadas. Mientras el mercado global del cobre empieza a mostrar señales de una cautela que pocos esperaban —con un excedente de metal que ha enfriado el ánimo alcista de los operadores—, en la provincia se libran batallas clave en dos frentes institucionales: la reforma de la Ley de Glaciares y el control de la infraestructura eléctrica. Estas instancias, lejos de ser meros trámites administrativos, se han convertido en el verdadero termómetro para las decisiones finales de inversión (FID) de los gigantes mineros.
La reciente convención del PDAC en Toronto, el evento minero más importante del mundo, dejó una sensación agridulce para la delegación empresaria sanjuanina. Si bien el optimismo por el potencial geológico de San Juan es indiscutible, la realidad de la infraestructura y el marco normativo imponen una pausa necesaria. Los proyectos de cobre de clase mundial que la provincia tiene en carpeta no son solo socavones y plantas de procesamiento; son ecosistemas que dependen de reglas claras y de una logística que hoy está bajo la lupa.
Uno de los puntos de mayor tensión surge de la postura del Gobierno Nacional. La negativa de la administración de Javier Milei a invertir en obra pública para infraestructura vial ha caído como un balde de agua fría en el sector. En San Juan, donde los proyectos se encuentran en zonas de alta montaña con accesos complejos, la conectividad es vital.
Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, fue tajante durante su paso por Canadá: "Para caminos y rutas no nos vengan a pedir plata. Plata para eso no hay", aseguró el funcionario en declaraciones a Econojournal. Esta definición traslada la carga financiera directamente a las compañías, que ahora deben recalcular sus costos operativos y de construcción. Como bien señalan analistas del sector, proyectos como Los Azules, El Pachón o Josemaría requieren algo más que geología favorable; necesitan una red de transporte que el Estado nacional ha decidido dejar de financiar.
Este retiro del Estado nacional de la obra pública obliga a las mineras a mirar con lupa la rentabilidad a largo plazo. Sin una estrategia logística asociada y con el encarecimiento que supone para una empresa privada construir cientos de kilómetros de rutas de alta montaña, el anuncio de la Decisión Final de Inversión (FID) se vuelve un horizonte que todavía se percibe lejano, según analizó en su columna de Econojournal el periodista Fernando Krakowiak
El conflicto más reciente y feroz se desató en torno al sistema eléctrico sanjuanino. La Resolución 079/26 del ENRE, que otorga al proyecto Vicuña (liderado por el grupo Lundin) el control operativo y la prioridad de uso sobre una línea estratégica de 500 kV, ha generado un frente opositor impensado que incluye a municipios y a otras mineras competidoras.
Desde el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan, la reacción fue inmediata. El organismo local advierte que esta decisión nacional "prioriza el uso privado sobre capacidad preexistente" y pone en riesgo el abastecimiento futuro de otros proyectos y de las propias comunidades locales. "Es un avasallamiento", disparó Sebastián Carbajal, intendente de Calingasta, quien teme que la administración discrecional de la línea por parte de una sola empresa condicione el desarrollo de todo el departamento.
Incluso el intendente de Iglesia, Jorge Espejo, ha expresado su preocupación, sumándose al pedido de una audiencia pública para que la provincia tenga voz y voto en la planificación energética. El temor es compartido por otras mineras como Los Azules o El Pachón, que ven con recelo cómo un solo actor podría quedarse con la "llave" del flujo eléctrico en una provincia donde la capacidad de transporte ya muestra cuellos de botella.
A este complejo escenario se suma la convocatoria a audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares. Para el sector minero, la modificación de esta norma es una pieza fundamental para destrabar proyectos que hoy se encuentran en zonas "grises" de preservación. Sin embargo, el proceso no está exento de polémica.
La convocatoria a estas instancias de participación ciudadana será para finales de marzo, un requisito que el oficialismo busca cumplir para blindarse legalmente ante posibles reclamos bajo el Acuerdo de Escazú. Para las mineras, el resultado de estas audiencias y la posterior redacción final de la ley serán determinantes. Ningún directorio internacional firmará un desembolso de miles de millones de dólares si persiste la incertidumbre sobre si sus áreas de operación serán declaradas zonas prohibidas en el futuro cercano.
Mientras tanto, el contexto internacional no ayuda a forzar las decisiones. Según reportes de Mining.com, el mercado del cobre está actualmente "inundado de metal", lo que ha moderado el precio y ha vuelto a los inversores más cautelosos. En este escenario, Argentina compite globalmente por el capital, y los ruidos internos en San Juan —desde la falta de rutas hasta las peleas por los cables de alta tensión— son observados con detenimiento en Toronto y Londres.
El futuro económico de San Juan depende de que estos nudos se desaten. La minería del cobre tiene el potencial de transformar la matriz productiva de la provincia y del país, pero el camino hacia la construcción de los grandes proyectos parece estar hoy más condicionado por la política de infraestructura y la paz social-institucional que por la riqueza que esconden las montañas.
La resolución de las audiencias públicas y la capacidad de negociación entre San Juan y Nación serán los hitos que definan si el cobre, de propiedad de los sanjuanino, finalmente llega a los mercados del mundo. Un desafío que debe incluir la imperiosa necesidad de la participación de los proveedores de servicios mineros locales para terminar de consolidar la licencia social que tanto anhelan los inversores y las mineras internacionales.
