Daiana Coria
En un contexto donde los recortes de pensiones por discapacidad se convirtieron en tema central de la agenda pública, y en medio de denuncias de corrupción que involucran a altos funcionarios, Daniel Ramos, presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, compartió un análisis crítico sobre el panorama actual y recordó que la preocupación de las organizaciones del sector no surgió de la coyuntura electoral. “La verdad que una mezcla de muchas emociones, no lindas, por cierto, porque no es solamente lo que está pasando en campaña. Esta situación nosotros desde Cairis lo venimos anunciando desde hace más de un año”, señaló Ramos, subrayando que la advertencia se remonta al inicio de una campaña de estigmatización mediática hacia las personas con discapacidad. En ese sentido, recalcó: “Lo que nosotros venimos trabajando no tiene que ver con un oportunismo político”.
Al abordar la cuestión legislativa, Ramos explicó que las organizaciones de discapacidad tuvieron un rol central en la sanción de la ley de emergencia en la materia. Según expresó, la iniciativa buscaba dar respuesta a la gravedad de la situación y establecer criterios claros en la asignación de beneficios. “La actual decisión de la gestión del Gobierno Nacional es que sea por incapacidad laborativa”, cuestionó.
En este punto, recordó uno de los episodios más polémicos de este año: la inclusión de términos peyorativos en la normativa oficial. “Se terminaba uno de los indicadores, era ser idiota o imbécil. Entonces como ves, hay muchas cosas que son discutibles en las políticas públicas de discapacidad”, denunció Ramos.
El referente también puso la lupa sobre el manejo del presupuesto nacional destinado al sector, al que calificó de opaco e injusto. A partir de las investigaciones periodísticas recientes, señaló que existen empresas que se benefician con negocios millonarios mientras los destinatarios reales quedan desprotegidos. “Empezamos a descubrir, por las investigaciones periodísticas, el presupuesto que está destinado para discapacidad. Qué fortuna. Y aparece esta droguería que le vende al Estado por miles y miles de millones de pesos y a la persona con discapacidad le llega el 1%, el 2%, el 3% de los beneficios que debería tener”, afirmó.
Ramos describió también las múltiples barreras burocráticas y sociales que enfrentan las personas con discapacidad, y cómo estas terminan transformándose en un factor más de sufrimiento. “La discapacidad se padece, lo remarco, el padecer, no por la propia disfuncionalidad que tengan, sino por la cantidad de barreras que le ponemos a las personas con discapacidad”, advirtió.
En relación al certificado único de discapacidad, explicó que la baja cantidad de personas que lo poseen no responde tanto a una cuestión de estigmas sino a la complejidad de los trámites. “Hay casi 6 millones de personas con discapacidad y un millón tienen el certificado. No es por estigma, sino porque muchas personas no necesitan. Para acceder a prestaciones básicas tenés que tener un certificado, pero lo que tiene que ser es accesible poder hacerlo, no que le pongas trabas a esa persona o a esa familia”, aclaró.
Respecto del sistema sanitario, Ramos señaló que los profesionales no cuentan con las condiciones necesarias para brindar una atención adecuada, lo que repercute directamente en los pacientes con discapacidad. “Los profesionales de la salud en el ámbito público están muy mal tratados, entonces ya están con mal humor. Cuando vos te encontrás con esa situación y le agregás el colapso que hay en el sistema sanitario, es difícil. Y sí, pasa eso, el médico no está capacitado para abordarlo, o la médica, y a veces son situaciones de mucho maltrato”, sostuvo.
Por último, se refirió al trasfondo cultural que acompaña estas políticas y que, según dijo, va instalando un mensaje de indiferencia hacia las necesidades de las personas con discapacidad. “Ese es tu problema, le dijo un policía a una madre que no podía estacionar para bajar a su hija con discapacidad. Ese mensaje lamentablemente lo estamos escuchando. Lo han dicho funcionarios, lo ha dicho Milei, lo ha dicho el Presidente: ‘¿por qué tengo que pagar yo tu atención médica?’. Eso muestra un individualismo que margina aún más a las personas con discapacidad”, concluyó Ramos.
