Aunque el Gobierno firmó una carta de intención, Estados Unidos exige bajar el rechazo de visas al 3% y modernizar los controles migratorios. El proceso podría demorar más de un año.
NacionalesEl martes
Daiana Coria
Argentina firmó una carta de intención con el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos para iniciar el proceso de incorporación al Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program), que permite a ciudadanos de países miembros ingresar a EE.UU. por hasta 90 días sin necesidad de visa para turismo o negocios.
El acuerdo fue suscripto durante la visita de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a Buenos Aires. Según se informó oficialmente, se trata del primer paso de un proceso técnico que podría extenderse por varios meses.
“La flexibilización de los requisitos no será automática”, señalaron desde Cancillería, y explicaron que Argentina deberá cumplir con una serie de requisitos exigidos por las autoridades estadounidenses.
Entre las condiciones establecidas para acceder al programa se encuentran:
Actualmente, 42 países forman parte del Visa Waiver Program, entre ellos Alemania, Japón, Reino Unido, España y Chile. En caso de ingresar al programa, los ciudadanos argentinos que viajen a EE.UU. deberán gestionar una autorización electrónica (ESTA), un trámite online que tiene un costo aproximado de USD 20.
Según cifras oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones, entre enero y junio de 2025 239.573 argentinos viajaron a Estados Unidos, mientras que en todo 2024 lo hicieron 438.460. Por su parte, el flujo de ciudadanos estadounidenses hacia Argentina también mostró un crecimiento: en 2024 ingresaron 563.409 visitantes y en los primeros seis meses de 2025 lo hicieron 277.784.
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La jueza Loretta Preska solicitó comunicaciones de funcionarios actuales y anteriores para investigar si empresas estatales actúan como “alter ego” del Estado argentino. La Procuración del Tesoro apelará.
El presidente se prepara para rechazar dos leyes aprobadas por mayoría en el Congreso, entre ellas una mejora en los haberes jubilatorios. Argumenta que afectaría el equilibrio fiscal, mientras crecen las tensiones con las provincias y se profundiza la incertidumbre social.
Textilana, la empresa dueña de la emblemática marca Mauro Sergio, anunció el despido de 150 trabajadores y una reducción del 20% en su producción. La crisis se enmarca en un contexto de creciente ingreso de ropa importada a precios bajos, caída del consumo y cierre de 68 pymes textiles en lo que va del año.
El Presidente declaró más de $206 millones ante la Oficina Anticorrupción, casi $80 millones más que el año pasado. Karina Milei pasó de $3,5 millones a más de $11 millones. Ambos justificaron los aumentos por revaluación de bienes.
El analista político aseguró que hay una estrategia deliberada para desgastar a la vicepresidenta, que “está teniendo repercusión favorable” tras sus críticas al rumbo del oficialismo. También advirtió que crece la insatisfacción entre quienes votaron a Milei en el balotaje y alertó sobre una profunda “fatiga democrática”.
El Ministerio de Salud intensificó la campaña de inmunización con una unidad móvil que recorre el Gran San Juan y se prepara para llegar a los departamentos alejados. Se aplican todas las vacunas del calendario nacional y se refuerza la prevención contra el dengue.
Este viernes, en el marco del recital de Lali Espósito en el Estadio Aldo Cantoni, organizaciones sociales impulsarán una campaña solidaria para comedores populares. “El pueblo está haciendo lo que debería hacer el Estado”, afirmó Melina Pelayes, de Patria Grande.
Las autoridades chilenas ordenaron la evacuación preventiva de varias localidades costeras tras cambiar el nivel de alerta de amarilla a roja. El periodista Gonzalo Gallardo, desde Valparaíso, confirmó patrullajes, suspensión de clases y preparación ciudadana ante posibles olas.
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La empresa de capitales brasileños, que adquirió la ex Electrometalúrgica Andina, enfrentó una serie de obstáculos, principalmente relacionados con el consumo de energía y los contratos pendientes con CAMMESA. El gobierno dictó la conciliación obligatoria para que el Sindicato de los Químicos logre negociar las indemnizaciones.