Redacción El Tribuna
El Gobierno apuesta a una aprobación exprés de la reforma laboral en el Senado y concentra sus esfuerzos en sumar cuatro votos clave que le permitirían alcanzar la media sanción antes de fin de año. Mientras tanto, la CGT y los bloques opositores activan contactos con gobernadores y senadores para intentar frenar el avance del proyecto.
Aunque la agenda de sesiones extraordinarias incluye temas complejos como la ley de Glaciares o el Código Penal —inicialmente previstos para febrero—, en la Cámara alta todas las miradas están puestas en la reforma laboral. “Desde el martes lo único que importa es la reforma”, resumió un asesor legislativo. En los despachos, los senadores trabajan con equipos técnicos a tiempo completo.
Los votos en disputa
La Libertad Avanza calcula que ya tiene 33 apoyos firmes: sus 20 propios, los diez radicales y los tres del PRO. Para llegar a la mayoría simple necesita cuatro más, y la Casa Rosada toma como referencia respaldos que ya obtuvo en votaciones previas: el correntino Espínola, la tucumana Ávila y los dos misioneros que responden al oficialismo provincial.
También aparecen como posibles aliados la chubutense Terenzi —alineada con el gobernador Torres—, la neuquina Corroza —referenciada con Rolando Figueroa— y los santacruceños Carambia y Gadano, hoy distanciados del mandatario Claudio Vidal.
La presión sindical y el juego de los gobernadores
La CGT, que mantiene diálogo con las provincias, apunta a sostener la unidad de los 28 senadores peronistas y sumar nueve votos más para bloquear el proyecto. Tras reunirse con los bloques justicialistas, la central sindical primero negó una movilización inmediata, pero terminó convocando a una marcha y confirmando su adhesión al paro general del 18 de diciembre. La CTA y ATE también respaldaron la medida de fuerza.
“El proyecto es un ataque al sistema laboral argentino”, afirmó el jefe de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans. En el peronismo esperan que las conversaciones con seccionales sindicales generen presión interna en las gobernaciones, especialmente en provincias donde un cambio en las reglas laborales podría impactar en sectores productivos regionales. La votación podría darse entre el 29 y 30 de diciembre.
Un caso a observar es el de la salteña Flavia Royón, alineada con el gobernador Gustavo Sáenz. Si bien coincide en la necesidad de actualizar la legislación laboral para expandir el empleo registrado, advirtió: “Sería un error tratar un proyecto de esta magnitud con apuro e improvisación. Si no damos una discusión seria y responsable, podemos perder una oportunidad histórica”.
El discurso oficial y las primeras tensiones
El Gobierno denomina a la iniciativa “modernización laboral”. El portavoz Manuel Adorni y el jefe del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni, difundieron mensajes en redes afirmando que la reforma “no toca derechos” sino que “ordena reglas y reduce la burocracia”.
Sin embargo, dentro de La Libertad Avanza afloraron matices. Un senador libertario admitió su “gusto amargo” porque no se eliminó el aporte sindical obligatorio: “Seguimos castigando al trabajador y beneficiando a los sindicatos, aunque el objetivo es crear empleo”. Aun así, celebró la reducción de impuestos y la virtual eliminación de la “industria del juicio laboral”.
Las posiciones opositoras y los puntos sensibles del proyecto
El radicalismo adelantó su apoyo general a la iniciativa —incluido el nuevo esquema de indemnizaciones y la baja de aportes patronales— aunque dejó abierta la posibilidad de introducir modificaciones.
Unión por la Patria, en cambio, procura evitar un tratamiento acelerado y postergar cualquier contrapropuesta para el período ordinario. La rionegrina Ana Marks cuestionó el texto oficial: “Legaliza la precariedad laboral, destruye la industria y el consumo. Lejos de modernizar, retrocede décadas en derechos”.
Otro senador peronista llamó a revisar con detalle el capítulo impositivo, al advertir que algunos artículos parecen redactados “por estudios jurídicos vinculados a corporaciones”. En particular, señaló el artículo 185, que reduce a la mitad la alícuota de IVA para el consumo eléctrico destinado a sistemas de riego en el sector agroindustrial, una medida que —dijo— “beneficia intereses específicos”.
