Daiana Coria
La periodista Julia Mengolini presentó este lunes una denuncia penal ante la Justicia Federal contra el presidente Javier Milei, funcionarios del oficialismo y militantes libertarios. La acusación incluye los delitos de amenazas, intimidación pública, apología del crimen, malversación de fondos públicos y asociación ilícita.
La presentación judicial se produjo luego de una campaña de hostigamiento sufrida en redes sociales, que tuvo como hecho más grave la difusión de un video falso con contenido sexual explícito generado mediante inteligencia artificial. En el material, que comenzó a circular desde cuentas vinculadas al espacio libertario, se utilizó el rostro de Mengolini montado sobre escenas pornográficas. Esa prueba es uno de los elementos centrales de la causa.
En el escrito, se señala directamente a Javier Milei como presunto responsable de liderar lo que la denuncia califica como una “organización paraestatal de persecución política y digital”. También se menciona a figuras públicas como Lilia Lemoine, Santiago Oría, Agustín Romo, Marcos Galperín y otros referentes libertarios con fuerte actividad en plataformas digitales.
Uno de los aspectos más sensibles de la denuncia es el presunto uso de recursos estatales en estas campañas. Según la acusación, parte de las acciones de hostigamiento digital habrían sido ejecutadas desde dispositivos y cuentas asociadas a dependencias del Estado. Si se comprobara esta hipótesis, podría configurarse el delito de malversación de fondos públicos.
La causa quedó radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro N.º 2, Secretaría N.º 5, que ordenó medidas de protección inmediatas: custodia policial permanente y un botón antipánico para Mengolini, ante la posibilidad de que sufra agresiones físicas o nuevas instancias de hostigamiento.
Este nuevo frente judicial se da en un contexto de creciente tensión entre el gobierno nacional y distintos sectores del periodismo crítico. En caso de avanzar, los delitos denunciados contemplan penas que van de dos a diez años de prisión y podrían derivar en la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
