El último Informe de Inquilinos Agrupados reveló que el 88% de los encuestados "tendrá dificultades para pagar el alquiler en los próximos meses". El presidente de la sede sanjuanina denunció que Milei regula "a favor de los que más tienen".
Economía01/04/2025
Lu Soria
La Encuesta Nacional Inquilina realizada en marzo de 2025 por Inquilinos Agrupados reveló que el 88% de los encuestados "considera que tendrá dificultades para pagar el alquiler en los próximos meses". Este informe relevó la situación habitacional, contractual y económica de los inquilinos argentinos tras la implementación del DNU 70/2023.
El apartado de Situación Laboral muestra una situación preocupante: de los encuestados, el "35,3% está buscando trabajo, el 9,2% está desempleado, el 27,7% tiene un familiar que perdió el trabajo, el 75,9% conoce a personas desempleadas", y al 66,8% "le preocupan la cantidad de horas que trabaja".
En este desalentador contexto económico, la mayoría de los inquilinos consultados afirmó que tiene deudas, y esta cifra sube al 64,6%. Los principales motivos son: en primer lugar, las tarjetas de crédito que afectan al 51,2%; en segundo puesto, aparecen los alimentos, afectando a un 38% de inquilinos, y por último, los alquileres con una cifra del 30%. En cuanto al alquiler, el informe estableció que "más del 50% de los inquilinos destinan al menos el 40% de su salario al alquiler, lo que evidencia un problema estructural en la accesibilidad a la vivienda en alquiler".
Las mujeres son las más afectadas por mudanzas debido a dificultades económicas, y la cifra asciende al 59,1%. La mayoría se desempeña como monotributistas o tienen empleos informales y sin estabilidad.
¿Qué piensan los inquilinos sobre los dichos de La Libertad Avanza?
Frente a esta idea, Víctor Bazán advirtió en Elementos FM que "cuando el mercado impone condiciones, el inquilino queda relegado. No existen derechos actualmente. Hasta en los estados más de derecha existe una regulación, porque lamentablemente el mercado inmobiliario no es lo mismo que otros mercados".
Sobre la Ley de Alquileres, Víctor Bazán expresó que "hoy si tuviéramos que hablar de una ley, por efecto, de que supuestamente se sostiene el Índice Inflacionario, tendrías aumentos semestrales ajustados a la inflación que sería mucho menor. Por el otro lado, no pagarías impuestos, tendríamos la autorización con el primer pago del alquiler. Ya no hay contratos por tres años, lo máximo es dos años. Lo que podría haberse sostenido con la Ley de Alquileres ha quedado a la deriva por un Decreto. El mismo presidente evita cobrarle monotributo a las personas que alquilan, a los propietarios. Todo a favor de los que más tienen. Uno queda postergado, o hacinado, o en un lugar más económico, o en la casa de los padres o esperando que el IPV vuelva a construir, cosa que no sucederá tampoco".
¿El Estado tiene que regular el precio del alquiler?
En su entrevista con Elementos FM, Víctor Bazán se opuso a las "viviendas ociosas" y afirmó que cada vez que "había un desacuerdo, no alquilaban las viviendas o las vendían, porque al estar dolarizado es un mercado de valor. No querían alquilar. Total, si se va el dólar, la vivienda mantiene el precio y pueden pedir otro valor del inmueble para ponerlo en alquiler, y eso provoca que aumente el precio. Lo que sucede si no pones medidas es esto. Están contentos los propietarios y los corredores inmobiliarios. En su momento, nos ha pasado, cuando estaban en desacuerdo no las ponían en alquiler, quedaban vacías y había una demanda terrible. Hoy hay oferta, pero la gente no puede pagar. El propietario no te va a bajar el precio, porque el inmueble es vacío, y el precio se sigue manteniendo porque está dolarizada la vivienda. Siempre por nuestra necesidad de vivir bajo un techo tomamos decisiones que por el momento la podés cumplir, pero, en el corto o mediano plazo, no las vas a poder cubrir".
Al final del Informe, la Asociación Inquilinos Agrupados concluyó que "los resultados muestran un mercado de alquiler profundamente precarizado, con sobreendeudamiento, alta movilidad forzada y un consenso generalizado a favor de la intervención estatal. La situación laboral y contractual deteriorada acentúa las condiciones de vulnerabilidad habitacional en un contexto de ajuste económico y desregulación".
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