El nuevo esquema expone que los servicios tienen un peso récord sobre los ingresos. El objetivo fiscal de reducir las erogaciones de 0,65% a 0,5% del PBI.
Economía30/11/2025
Redacción El Tribuna
El presidente Javier Milei lanzó un nuevo esquema de subsidios a la energía que regirá desde enero de 2026 y busca reducir el gasto al 0,5% del PBI. Tras dos años de aumentos fuertes, las tarifas energéticas y transporte se consolidaron como los precios que más subieron, con impacto en la inflación y una presión subterránea en los bolsillos.
Las tarifas energéticas y de transporte fueron, desde diciembre de 2023, el componente regulado que más creció. De acuerdo con el informe de precios relativos de la consultora PxQ, las tarifas aumentaron 93% más que el nivel general de inflación desde el cambio de gobierno. La escalada respondió al proceso de desregulación que habilitó el decreto 70/23 y al salto del 118% del tipo de cambio oficial en diciembre de ese año.
La presión sobre los hogares se volvió más nítida. Datos del IIEP-UBA para noviembre muestran que la canasta de servicios públicos del AMBA asciende a $173.480, con un incremento mensual del 1,8%, impulsado por los nuevos cuadros tarifarios y por el mayor consumo eléctrico propio de la estacionalidad. En promedio, las personas usuarias del AMBA cubren 52% de los costos, mientras el Estado financia el 48% restante.
El impacto también se trasladó al transporte. El boleto promedio de colectivo en el AMBA llegó a $592, con un aumento mensual del 6,6% y un acumulado del 43% en 2025, según el IIEP.
Las mediciones de PXQ indican que las tarifas de gas y electricidad alcanzaron sus niveles más altos en décadas en relación con los ingresos: representan 2,1% del ingreso para el gas y 2,5% para la electricidad, valores similares a los de la convertibilidad.
Si bien para los sectores medios y bajos la presión tarifaria se moderó por la continuidad de algunos subsidios, la tendencia general muestra que las facturas se convirtieron en el gasto esencial que más peso ganó desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.
La aceleración tarifaria también alteró el mapa de precios relativos, encareciendo bienes y servicios regulados medidos en dólares. Aunque el tipo de cambio real recuperó algo de competitividad en 2025, los precios locales siguen ubicándose por encima del promedio regional.
El último informe de la consultora Empiria advierte que el ingreso disponible de los hogares del AMBA volvió a caer en septiembre, con un retroceso real de 0,6% mensual, quedando 3,8% por debajo de noviembre de 2023, aunque todavía 6,8% por encima de un año atrás. El deterioro se explica por una combinación de menores ingresos y mayores gastos fijos.
“La electricidad y el gas subieron 1% real, mientras que alquileres y expensas aumentaron 1,4% y 1,1%, respectivamente, compensando las bajas en transporte y agua. El resultado es que los gastos reales del mes fueron 13% más altos que en septiembre de 2024”, sostiene el estudio.
En materia de ingresos, el salario privado registrado cayó 0,7% real, revirtiendo cuatro meses consecutivos de mejora. Los salarios públicos retrocedieron 0,9%, profundizando la brecha que arrastran: los sueldos provinciales están 4% por debajo de noviembre de 2023 y los del sector público nacional, 33%.
El deterioro fue transversal. Los hogares de mayores ingresos actualmente se ubican en niveles similares a los de fines de 2023, pero los deciles uno a cuatro —los de menor poder adquisitivo— registran una caída de 4,7%, lo que expone la creciente fragilidad de los sectores más vulnerables.
Para especialistas como la economista e investigadora del Conicet María Ibáñez Martín, el esquema anunciado implica “una estructura de subsidios más focalizada, más estricta y con criterios estacionales”, que prioriza a los hogares vulnerables en un “proceso de transición” que elimina la segmentación previa del RASE, creado en 2022.
El nuevo sistema —que elimina el RASE, el Programa Hogar y la Tarifa Social— divide a usuarios en dos categorías: hogares con subsidios y hogares sin subsidios. Sólo podrán acceder a la asistencia quienes tengan ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, actualmente equivalentes a $3,6 millones.
Aunque se trata de un cambio estructural, su impacto inmediato será acotado. Apenas 4% de los hogares que actualmente reciben subsidios los perderán a lo largo de 2026, en su mayoría pertenecientes al segmento N3. En el caso de la electricidad, cerca de 145.000 usuarios dejarán de estar cubiertos, sobre un universo total de 16,6 millones.
La transición será gradual: el Estado subsidiará 75% del precio mayorista en enero y reducirá esa cobertura de manera escalonada hasta llegar al 50% en diciembre.
En dos años, el Gobierno redujo el gasto en subsidios energéticos de 1,5% del PBI en 2023 a 0,65% en 2025. Más de la mitad del esfuerzo fiscal ya se ejecutó: 0,85 puntos del PBI. Según el informe de Economía y Energía, entre enero y octubre de 2025 los subsidios sumaron u$s 3.183 millones, un 44% menos que en el mismo período de 2024.
De ese total, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) absorbió el 72% y Enarsa el 20%, mientras que el Plan Gas.Ar representó apenas el 3%.
El Observatorio de Tarifas del IIEP muestra una dinámica similar: los subsidios reales cayeron 44% interanual y, a noviembre, el 83% del presupuesto ya estaba ejecutado. Con el nuevo esquema, el Gobierno proyecta un ahorro anual de u$s 1000 millones, dentro de un gasto total estimado en u$s 3000 millones.
Históricamente, los subsidios energéticos representaron 1,5% del PBI en 2023, 1% en 2024 y cerrarán 0,65% en 2025. Es decir, en dos años el recorte acumulado fue de 0,85 puntos del PBI, mientras que para 2026 se prevé un ajuste adicional de 0,15 puntos.
En busca de estabilizar la macro y sostener el equilibrio fiscal, la administración Milei enfrenta ahora su propio límite: profundizar el recorte implicaría volver a subir tarifas o avanzar sobre prestaciones sensibles, con costos políticos y sociales crecientes.
Fuente: Letrap
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