Daiana Coria
Desde que el Gobierno nacional eliminó la Ley de Alquileres a través del DNU 70/2023, el valor de los arrendamientos se incrementó más de 360% y los salarios perdieron poder adquisitivo, lo que llevó a que uno de cada tres hogares tuviera que sumar otro empleo para cubrir el costo del alquiler.
De acuerdo con la última Encuesta Nacional Inquilina, realizada por el espacio Inquilinos Agrupados, el 31% de las familias que alquilan incorporó una segunda fuente laboral para afrontar los pagos mensuales, mientras que el 70% se encuentra endeudado por gastos vinculados a la vivienda y al consumo básico.
Actualmente, casi siete de cada diez hogares destina entre el 30% y el 50% de sus ingresos al alquiler, y un 24% gasta más del 60%. El aumento de los precios se explica, según el informe, por la desregulación del mercado inmobiliario tras la derogación de la norma nacional, sumado a la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos.
Los datos muestran que los alquileres crecieron 363,6% desde el inicio de la actual gestión, frente a una inflación del 232,4% en el mismo período. Solo en el primer semestre de 2025, los arrendamientos subieron 41,8%, superando en 26,5 puntos la inflación general.
En las principales regiones del país —como el Gran Buenos Aires, la Región Pampeana, Cuyo, el Noroeste y la Patagonia— los incrementos mensuales continúan por encima del promedio de precios al consumidor.
A su vez, los salarios reales registraron caídas generalizadas: los sueldos del sector privado se ubican 5,5% por debajo del nivel que tenían al inicio del mandato de Javier Milei, los estatales retrocedieron 19% y las jubilaciones mantienen una pérdida de 23% respecto del año pasado.
Con este escenario, el pluriempleo volvió a crecer: la proporción de personas ocupadas que buscan una segunda fuente laboral pasó del 16,2% en 2023 al 17,1% en 2025, alcanzando los niveles más altos desde la pandemia. Se estima que unas 204.000 personas buscan actualmente otro ingreso para afrontar gastos esenciales.
Además, el 72,8% de los inquilinos está endeudado, principalmente por el uso de tarjetas de crédito, alimentos, servicios y salud. Más del 65% de los contratos registra aumentos cada tres o cuatro meses y uno de cada seis hogares debió mudarse por no poder sostener el pago del alquiler.
“Es fundamental avanzar con el rechazo del decreto 70/2023, no solo por ser inconstitucional, sino porque afecta gravemente el acceso a la vivienda de millones de hogares”, advirtió Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados.
Fuente: El Destape
