Lu Soria
En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la oficina del presidente Javier Milei destacó "su conmemoración" y llamó a "la reflexión en busca de la historia completa, sin sesgo ideológico ni censura a las distintas voces que analizan y narran lo ocurrido en la década de 1970".
En esta misma línea, el Gobierno Nacional manifestó que llegó a una "solución amistosa con la familia del Capitán Humberto Viola, fusilado en 1974, en plena democracia, junto con su hija María Cristina de 3 años, a manos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), organización terrorista que intentó imponer un régimen marxista, leninista y guevarista en la Argentina mediante la lucha armada.
Cabe recordar que, en 2022, la administración de Alberto Fernández, en representación del país, sostuvo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que este crimen no constituía un delito de lesa humanidad y que, por lo tanto, era prescriptible".
Por su parte, Javier Milei decidió que acompañará el pedido de la familia Viola e instruyó a "la Secretaría de Culto y Civilización de la Cancillería Argentina, para que reconozca ante la CIDH que este crimen debe ser considerado un delito de lesa humanidad, ocurrido en el marco de un conflicto armado interno". Además, desde La Libertad Avanza enviarán "al Congreso de la Nación un proyecto de ley para establecer la imprescriptibilidad penal y civil de este tipo de delitos".
Esta noticia no fue bien recibida por los Trabajadores del Espacio de Memoria y Derechos Humanos (DDHH) que funciona en el ex centro de tortura clandestino de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), quienes en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, afirmaron que el debate que propone el Ejecutivo Nacional “no es novedoso, es un discurso viejo”. Dicho debate se parece a la teoría de los dos demonios, que afirma que los dictadores militares "respondieron porque la Patria estaba en peligro”. En cuanto a la decisión de Javier Milei de calificar el asesinato de Humberto Viola como un crimen de lesa humanidad, los trabajadores aclararon que "el Gobierno Nacional no puede decidir si un crimen es de lesa humanidad o no. Eso está establecido por acuerdos internacionales y, además, fue rechazado por la Justicia argentina. No todo crimen es un crimen de Estado". A continuación, señalaron que la mayoría de las personas a las que el Ejecutivo Nacional quiere juzgar por estos homicidios, "fueron desaparecidas, torturadas y asesinadas".
Por último, el documento del Gobierno Nacional informó que ordenaron la "desclasificación de los archivos en poder de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) vinculados a las actividades militares y guerrilleras entre 1976 y 1983. Esta administración sostiene que lo que ocurrió en el pasado debe permanecer en los archivos de la historia, no en la SIDE. Es por eso que pone fin a la opacidad que rodeó durante décadas los documentos y los pone a disposición de la sociedad". Respecto a esto, los Trabajadores del Espacio de Memoria y DDHH calificaron la desclasificación como "pura demagogia. ¿Quién va a hacerla? Echaron a todo el personal especializado en ese tema y el Archivo Nacional de la Memoria ahora lo dirige Natalia Oriolo, experta en criptomonedas”.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
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