Este viernes, la Junta Interna de ATE y el Cuerpo de Delegados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunciaron que a raíz de un comunicado por parte del Secretario de Derechos Humanos, fuerzas policiales ingresaron al edificio para hostigar e intimidar a los trabajadores.
Nacionales14/03/2025
Daiana Coria
Este lunes, la asamblea de trabajadores que se encontraba en la puerta del edificio de la Secretaría de Derechos Humanos fue interrumpida por fuerzas policiales. De acuerdo con los trabajadores, una efectiva policial identificada como "Sargento Aranda" comenzó a hostigar e intimidar a los trabajadores sacando fotos y filmando la asamblea desde su celular.
Lejos de ser un hecho aislado, el hostigamiento policial se intensificó, ya que este viernes, alrededor de las 9 de la mañana, efectivos policiales impidieron el ingreso de más de 40 trabajadores a sus puestos de trabajo. Esta secuencia tuvo lugar a raíz de una orden basada en un decreto que estableció el Secretario de Derechos Humanos. De acuerdo con lo comentado, en diálogo con El Tribuna, Fernando Almejún, abogado de causas de lesa humanidad y Delegado de la Secretaría de Derechos humanos, afirmó que "este decreto prohíbe las actividades sindicales partidarias en los establecimientos laborales."
Este decreto vinculado a una resolución por parte del Ministro de Justicia de la Nación estable que "por decisión de las autoridades se suscitaron diversos acontecimientos con participación de trabajadores que "incurren en actos de indisciplina" y "patentizan" la participación y organización de "reuniones de índole social en forma constante, realizando el pegado de carteles que, son pretexto de un reclamo sindical y que evidencian claramente expresiones ideológicas" teniendo así un "destrato hacia sus compañeros que no compartan su proceder"
El Gobierno nacional también menciona en la resolución que consecuentemente, todos aquellos trabajadores vinculados con este precedente "tienen prohibido el ingreso a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a partir del día de la fecha".
El abogado y Delegado de la Secretaría de Derechos Humanos, Fernando Almejún comentó en diálogo con El Tribuna que la orden proviene del Secretario de la Secretaría de Derechos Humanos, Alberto Baños, hecho que también afirman los trabajadores de la misma. "Armaron una lista que le entregaron a la Policía Federal prohibiendo el ingreso a nuestro lugar de trabajo. Yo además de ser trabajador y abogado en estas causas representando a la Secretaría de Derechos Humanos, soy delegado sindical. Me eligieron mis compañeros en diciembre pasado para representarlos frente a la Secretaría a través del gremio ATE", afirmó a este medio. Además explicó que "hay una doble violación porque no me dejan ingresar a mi lugar de trabajo y no me dejan tampoco estar con quienes yo represento gremialmente violando a su vez la tutela gremial". También detalló que en lo sucedido durante la asamblea del lunes le pidió a la Sargento Aranda que borrara el vídeo que estaba grabando y a las horas este comenzó a circular en redes, momento en el que las autoridades adelantaron que el grupo de trabajadores que se encontraban en la asamblea "iban a ser despedidos y así fue".
Almejún también explicó que "todo esto es en respuesta a la asamblea que hicimos el lunes pasado, a la denuncia que hicimos de más de 400 despidos que hubo en diciembre y enero. Hubo un desmantelamiento de importantes áreas de la Secretaría de Derechos Humanos. Han golpeado al área que impulsa los juicios de lesa humanidad.
Desde la Junta Interna de ATE y del Cuerpo de Delegados, aseguraron que "el decreto fue enviado, a través de un email, por el Secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños el jueves a la noche, fuera del horario laboral". De acuerdo con lo que mencionaron, el Gobierno Nacional "busca ilegalmente apartar a los trabajadores de sus funciones, impidiendo su derecho a trabajar, el desarrollo de las políticas de memoria y a la organización sindical." "¡Basta de despidos y persecución en la Secretaría de Derechos Humanos, sentenciaron en un comunicado.
A raíz de este suceso, la Junta Interna de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) y el Cuerpo de Delegados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció el hostigamiento ejercido por las fuerzas de seguridad hacia los trabajadores, así como también afirmaron que "la gestión de Javier Milei y del Secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, convirtió a la Secretaría en un territorio de amedrentamiento y hostigamiento permanente. Los despidos masivos, la represión dentro del espacio de trabajo y la presencia de fuerzas de seguridad en un espacio de memoria (la ex ESMA) son parte de una política sistemática de ataque a la organización sindical y de vaciamiento del Estado desde el cambio de gestión." Aseguraron además que ante la llegada de un equipo de filmación de Presidencia, el propio secretario de Derechos Humanos, la subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos, Carolina Cordara, y el Director de Coordinación Estratégica, Alejandro Urroz, "arrancaron carteles pegados en las oficinas, violando la libertad de expresión sindical e interpelando a delegados de este sindicato".
Desde las agrupaciones denuncian que "la política de aprietes dentro del organismo es constante y que la presencia de fuerzas de seguridad se ha utilizado para intimidar y hostigar a los trabajadores. "No permitiremos que el gobierno avance en la destrucción de la Secretaría de Derechos Humanos ni en la persecución a quienes sostienen las políticas públicas de memoria, verdad y justicia, solicitan.
Video de las fuerzas policiales impidiéndole el ingreso a los trabajadores de la Dirección de Derechos Humanos.
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