Daiana Coria
Arroyo calificó de “claramente inconstitucional” la forma en que se implementó la ley. Explicó que, tras aprobarse con amplia mayoría en Diputados y Senado y después de insistir con más de dos tercios de los votos, el Ejecutivo decidió promulgarla mediante un decreto que, en la práctica, suspendía su vigencia hasta definir los recursos financieros. Según el diputado, esta medida es inédita en la historia argentina.
El legislador cuestionó además la contradicción del Estado, que dispone de fondos para otras áreas pero no para discapacidad. Señaló que, aunque el presupuesto de 2022 quedó desactualizado frente a la inflación, el Gobierno sigue reasignando fondos a distintas áreas y puede financiar, por ejemplo, la reimpresión de boletas electorales, pero no garantiza los recursos para los servicios destinados a personas con discapacidad.
Arroyo detalló cómo esta situación impacta a los beneficiarios: los trabajadores de talleres protegidos cobran sueldos insuficientes, los centros de día y hogares asistenciales están al borde del cierre, y los transportistas enfrentan costos elevados que impiden completar los tratamientos necesarios. En sus palabras, la situación está “colapsada” y las familias “ya no pueden acceder a ninguno de los servicios básicos”.
Sobre los pasos que se pueden tomar para hacer cumplir la ley, el diputado explicó que existen tres alternativas: que el Gobierno actúe por “sentido común”, que la justicia intervenga, o que el Congreso ejerza su rol fiscalizador. En este último caso, anticipó que mañana se realizará una reunión de comisión para interpelar al jefe de gabinete.
Arroyo calificó de histórica la decisión del Ejecutivo de suspender una ley recién promulgada, considerando que evidencia una intención de “no mejorar la vida de las personas con discapacidad”.
Finalmente, el diputado señaló la percepción de la sociedad frente a estas medidas: muchos ciudadanos reconocen la gestión del Gobierno en otros aspectos, pero critican la falta de atención a la discapacidad, que consideran un ejemplo de “crueldad increíble”. Arroyo concluyó que la situación actual es de “colapso absoluto” y que, hasta ahora, no hay señales de que el Ejecutivo busque resolverla.
