Ana Paula Carrasco
El presidente Javier Milei oficializó la privatización de Corredores Viales S.A. mediante el Decreto 97/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida busca transferir la gestión y mantenimiento de rutas nacionales al sector privado a través de concesiones de obra pública bajo la Ley Nº 17.520.
Según el decreto, el 45% de los 3.402 kilómetros administrados por la empresa presentan deficiencias. Además, en 2023, Corredores Viales acumuló pérdidas por más de $268.676 millones, pese a recibir transferencias del Tesoro Nacional por $301.010 millones, lo que el Gobierno considera insostenible.
El proceso de privatización será liderado por el Ministerio de Economía junto a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Tras adjudicar las concesiones, la empresa estatal será disuelta, sin incluir mecanismos de participación para empleados o inversores locales.
Mientras el Ejecutivo sostiene que la medida mejorará la conectividad y la eficiencia del servicio, sectores opositores y sindicatos advierten que podría derivar en aumentos tarifarios y una reducción del control estatal sobre la calidad de las rutas concesionadas.
