Ante la inminente caída del decreto de necesidad y urgencia que congeló los alquileres y suspendió los desalojos desde marzo de 2020, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat creará un "protocolo de riesgo temprano de desalojo" destinado a asistir casos concretos de familias inquilinas expuestas a quedarse en la calle.

El secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Luciano Scatolini, anticipó que la resolución que crea el protocolo ya fue firmada por el ministro Jorge Ferraresi y será publicada mañana (por hoy) en el Boletín Oficial. Luego su secretaría estará a cargo de la reglamentación, tarea para la que se realizarán interconsultas con distintas áreas de gobierno y que debería estar concluida antes del 31 de marzo, día en que pierde vigencia el decreto 320, prorrogado en reiteradas oportunidades. 

Si bien todavía resta conocer los pasos de los que constará, el funcionario anticipó que el protocolo establecerá mecanismos de "articulación entre instancias administrativas". En particular, con el Ministerio de Justicia, dado que a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres la mediación es una "instancia obligatoria previa a un desalojo". Aseguró que esta instancia rige para todos los contratos y no sólo para los que fueron celebrados una vez promulgada la norma, en julio pasado.

Por otro lado, Scatolini anticipó que el protocolo definirá criterios de prioridad para la asignación de las viviendas que las unidades ejecutoras construyen con fondos del ministerio. "No es que nosotros vamos a solucionar el problema con fondos o con viviendas, vamos a ser intermediarios", matizó, y dijo que no se trata de "una solución mágica" al problema habitacional que existe en el país. "No vamos a poder dar soluciones habitacionales a todo el mundo, vamos a evaluar caso a caso desde la situación socioeconómica hasta la situación familiar para generar un criterio de prioridades vinculadas con hogares monoparentales, discapacidad, adultos mayores, etcétera", detalló. 

Respecto del proceso de desendeudamiento de las familias inquilinas, el funcionario sostuvo que no hay más precisiones que las ya definidas. A partir de la caída del decreto 320/20, quienes hayan tenido dificultades durante la pandemia para cumplir con los contratos deberán comenzar a pagar los meses adeudados y aumentos postergados en un mínimo de 3 y un máximo de 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Además, el decreto prevé que podrán aplicarse intereses compensatorios, aunque no intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad. 

Según una encuesta que realizó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) durante septiembre pasado, el 65% de los inquilinos e inquilinas del Área Metropolitana de Buenos Aires perdió ingresos y el 80% contrajo deudas para costear los gastos cotidianos. Los resultados de la última encuesta de la Federación de Inquilinos Nacional muestra que cerca de 300.000 hogares arrastran una deuda de hasta cinco meses.

La extinción del decreto fue un pedido que realizaron insistentemente del sector de las inmobiliarias, en el que aseguran que esta norma y la Ley de Alquileres confluyeron para retraer la oferta de viviendas de alquiler y aumentar el precio.

"Una herramienta para acompañar el desendeudamiento sería poner recursos del Estado que no tiene más que los que está poniendo en asistencia social directa a un montón de situaciones. Esto es una sábana corta; piden al Estado que sea un barril sin fondo y es imposible", respondió Scatolini a las consultas de este medio. 

Consultados por la fecha en que entrará en vigencia el protocolo, Scatolini no dio precisiones. "Yo quiero tener certeza de salir con un protocolo que pueda cumplir", dijo. "De todos modos, no es que el 31 de marzo va a ir un oficial de justicia y te va a poner de patitas en la calle. Está claro que hay un proceso previo de mediación y las instancias que tienen que ver con los tiempos judiciales". 

Por el contrario, en el CELS anticiparon que muchos propietarios y propietarias han iniciado juicios durante 2020 por lo que apenas finalice el plazo del decreto muchos de estos casos judicializados comenzarán a dictar desalojos. "El discurso de la mediación, además de erróneo, supone abordar el problema de manera individual, y no como un tema estructural. Se trata de una situación que afecta a más de 300.000 hogares de todo el país, asociado al problema histórico y cada vez más grave del acceso a la vivienda en el país", señalaron en la organización. 

Fuente: El DiarioAr