El Gobierno Provincial adhirió al programa federal Insertar, que fomenta la creación de empleo vinculado a la Economía del Conocimiento, otorgando beneficios fiscales a las empresas que contraten nuevos trabajadores locales.
En el mes de enero, las ventas en las pymes sanjuaninas bajaron un 15,5%. La caída del consumo en San Juan se da en un contexto de vacaciones, que implican un éxodo de consumidores a Chile.
En noviembre, la baja fue del 7,3% interanual y del 1,1% en comparación con octubre. El empleo en el sector experimentó una disminución del 1,7% interanual, mientras que sectores como la agroindustria y las exportaciones lograron algunos avances con crecimientos del 4,2% y 25%.
El Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) publicó un informe sobre las expectativas de las pequeñas y medianas empresas de cara al 2025 que advierte que "incluso para los más optimistas, las señales actuales apenas permiten un moderado entusiasmo".
Los abultados aumentos en las boletas eléctricas obedecen al impacto de los componentes nacionales de Generación y Transporte, que representan el 60% del valor total de la factura. El costo de la energía mayorista disparó las tarifas en las provincias.
La provincia se hará cargo de obras, mantenimiento y conservación por 20 años. Renuncia a recursos que por ley corresponden al Fideicomiso de Infraestructura. Si pone peaje, debe someterse al decreto del Poder Ejecutivo. Queda sin respuesta qué pasará con los trabajadores viales nacionales.
Cada vez que se anuncie una obra, sería interesante que junto al monto de inversión apareciera una segunda cifra: empleos directos. Eso permitiría que los sanjuaninos pudieran evaluar las obras con algo más que fotografías de máquinas trabajando. Porque el problema no es el pavimento. El problema no es el asfalto. El problema tampoco son los trabajadores viales. El problema es creer que toda inversión pública genera la misma cantidad de empleo.
Un exhaustivo análisis periodístico entre las resoluciones de Minería y el Acta Compromiso firmada revela severas inconsistencias jurídicas, pues el Ejecutivo otorgó previsibilidad ambiental al megaproyecto Vicuña omitiendo trámites obligatorios según la legislación provincial vigente.