Daniel G. Solar
El Concejo Deliberante de Jáchal aprobó este lunes 27 de julio la Declaración N° 164, impulsada por el intendente Matías Espejo, para frenar en San Juan el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que tiene trámite parlamentario, ante el riesgo inminente de cercenar la autonomía provincial y el dominio originario de los recursos naturales.
La jugada política tomó por sorpresa a varios despachos del gobierno de Marcelo Orrego. En una sesión ordinaria cargada de tensión, el departamento del norte provincial madrugó al Senado de la Nación, que tiene previsto retomar la discusión del proyecto borrador el próximo 6 de agosto. Jáchal se colocó así a la vanguardia del mapa federal como la primera comuna argentina en levantar una barrera legislativa explícita contra la iniciativa reformista promovida desde la city porteña. La eventual multiplicación de declaraciones municipales no tendría efectos jurídicos directos sobre una ley nacional, pero sí podría construir un escenario político de presión institucional.
El nudo central del reclamo ataca las modificaciones expropiatorias y registrales que pretende fijar la norma federal. Según los fundamentos analizados en el recinto, endurecer los trámites sobre el suelo o restar atribuciones a las provincias implica herir de muerte la ejecución de obras públicas indispensables. Trazados viales, obras hídricas, tendidos eléctricos y servidumbres de paso quedarían entrampados en una maraña judicial y burocrática imposible de destrabar desde los municipios.
En el recinto presidido por el doctor Héctor Sánchez, la sesión dejó al descubierto una fractura política inocultable. Los cuatro concejales del peronismo se abroquelaron sin fisuras para votar y aprobar el expediente 3075/26. Del otro lado, la oposición prefirió resguardarse: la concejal Gema Casas, del frente orreguista Producción y Trabajo, junto al edil radical Felipe Táñez, esquivaron el choque directo y solicitaron el pase a comisión. Nadie quiso quedar pegado a un aval explícito al proyecto nacional, pero tampoco se animaron a romper lanzas con la Casa Rosada.
Para la conducción municipal de Matías Espejo, este movimiento táctico no implica un ataque a la inversión ni a las garantías jurídicas del capital. Al contrario, el jefe comunal ratificó en cada mesa de trabajo que Jáchal defiende y sostiene el desarrollo minero como motor productivo. Sin embargo, la posición oficial es categórica: la actividad se fomenta únicamente bajo el amparo del Artículo 124 de la Constitución Nacional, que otorga a las provincias el dominio originario de sus recursos del suelo y subsuelo.
"La eventual multiplicación de declaraciones municipales no tendría efectos jurídicos directos sobre una ley nacional, pero sí podría construir un escenario político de presión institucional".
Proyectos estratégicos cordilleranos en plena fase de avance demandan agilizar autorizaciones hídricas y construir vías de acceso complejas, como puentes y caminos de alta montaña. Si una ley nacional ata de manos a los estados provinciales para disponer de su territorio o gestionar expropiaciones clave, el cuello de botella burocrático amenaza con congelar desembolsos millonarios. La certidumbre jurídica no se logra sometiendo a las provincias, sino garantizando reglas locales claras y estables.
La norma municipal habría rebasado rápidamente el escenario departamental y según fuentes confiables "provocó inquietud en los centros financieros de la City porteña". El texto aprobó remitir copia de inmediato al gobernador Marcelo Orrego, a la Legislatura provincial, a la banca de legisladores nacionales y a la Federación Argentina de Municipios (FAM). La meta de máxima apunta a articular un frente de contención institucional que replique el rechazo en decenas de comunas del país.
En el mapa político sanjuanino, las proyecciones anticipan una marejada. Fuentes partidarias estiman que cerca del 80% de los 19 concejos deliberantes de la provincia podrían alinearse y sancionar declaraciones idénticas en las próximas semanas. El justicialismo habría encontrado en esta discusión una bandera de gestión oportuna, obligando a diputados y senadores a tomar una postura pública sin evasivas.
Un municipio de Cuyo termina marcándole la cancha a los poderes centrales. Cuando la Cámara alta reactive el expediente el mes que viene, los representantes sanjuaninos en el Congreso no tendrán margen para el disimulo político. La vigencia de los artículos 121º, 122º y 123º de la Constitucional Nacional dejó de ser un debate teórico para transformarse en una batalla territorial concreta. Jáchal ya dio el primer paso, fijó bandera y demostró que la autonomía sobre el suelo propio no se negocia.
