Juan Manuel Orrego
El paro de colectivos impulsado por la UTA paralizó el servicio en San Juan el miércoles 7 de octubre y dejó a miles de pasajeros sin transporte, hasta que la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. La protesta salarial representa únicamente la manifestación más visible de un conflicto más profundo. Detrás de la medida subyace una discusión no resuelta sobre cuánto cuesta realmente mantener las líneas urbanas y quién debe asumir esa diferencia económica.
Las empresas agrupadas en ATAP advirtieron desde el invierno sobre una situación financiera crítica. Para sostener el funcionamiento, redujeron frecuencias y denunciaron acreencias estatales por unos $9.750 millones. Dichos pasivos corresponden a conceptos como boleto escolar, atributos sociales, transbordos, pasaje docente y mayores costos operativos no reconocidos.
Aunque el Gobierno de San Juan sostiene estar al día con sus obligaciones, la ministra de Gobierno, Laura Palma, confirmó que revisan la estructura de costos tras el acuerdo salarial con los choferes. La funcionaria señaló que evalúan una actualización tarifaria, aunque todavía no fijaron montos ni fechas. Pero los empresarios sostienen que no hay diálogo con el gobierno.
Sin embargo, el punto crítico se ubica en la evolución del boleto escolar y docente gratuito. Según registros en el sistema SUBE (Nación Servicios) en la provincia de San Juan en 2023, año base previo a la gratuidad, el sistema registraron 11.100.000 transacciones anuales, esas transacciones divididas en los 10 meses del año, teniendo en cuenta que son los meses del periodo escolar, representan un promedio mensual de 1.100.000 transacciones, es decir viajes. El 15 de abril de 2024, con el atributo escolar del 45%, la cifra subió a 14.295.000 boletos (+28,7% respecto a 2023).
Pero el mayor salto cuantitativo ocurrió en abril de 2025, alcanzando 19.919.000 pasajes anuales. En 2026, con una plataforma oficial y un límite de seis viajes diarios por tarjeta SUBE, las proyecciones estiman 25.242.026 transacciones. Esto representa un aumento del 77% respecto a 2023 y un excedente de casi 11 millones de viajes.
Los datos del sistema SUBE entre enero y agosto de 2026 ratifican este escenario: en solo ocho meses se contabilizaron 22.612.020 pasajes escolares, superando todo el volumen registrado en 2023. Mientras las empresas señalan que el estudio de costos original preveía 1,7 millones de viajes escolares mensuales, el uso real trepó a 3 millones de pasajes por mes.
Este incremento modificó la ecuación financiera del sistema. En 2025, el Gobierno proyectó que el boleto escolar demandaría unos $500 millones mensuales, cifra variable según los viajes y el valor tarifario. La escalada de transacciones generó una brecha económica superior a la presupuestada que repercute en la capacidad operativa de las empresas.
Desde la administración provincial reconocieron que el fuerte aumento encendió alertas. Los análisis detectaron usos de tarjetas que no correspondían con la asistencia escolar. Por ello, el Estado impulsó mecanismos de control más estrictos y personalizados en la tarjeta SUBE para ordenar el beneficio sin perjudicar a quienes realmente lo necesitan.
La tecnología gestionada por Nación Servicios aporta datos precisos de cada colectivo. Cada transacción registrada ofrece información objetiva sobre cuántos pasajeros pagan tarifa plena, cuántos poseen beneficios sociales y en qué franjas horarias se desplazan los estudiantes.
El reclamo por los costos empresariales:
Detrás de cada tarifa existen gastos fijos en combustible, paritarias, cargas sociales, neumáticos, repuestos, seguros, mantenimiento y amortización de las unidades. Si el costo real no se mide ni se actualiza periódicamente, la diferencia económica termina afectando de forma directa la frecuencia y la calidad del servicio.
Sanjuaninos y empresas necesitan previsibilidad para evitar que cada reclamo salarial paralice las calles. El desafío central no es cancelar el beneficio estudiantil, sino crear una mesa técnica permanente de seguimiento de costos. Con datos verificables sobre la mesa, Estado, empresas y trabajadores podrán acordar tarifas y compensaciones antes de que los colectivos dejen de circular.
