Acueducto Tulum: fuerte denuncia contra el fiscal Sebastián Gómez en Comodoro Py

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1 de la Capital Federal notificó personalmente este 28 de octubre al fiscal sanjuanino Sebastián Alejandro Gómez García, titular de la UFI N.º 5 de Delitos Especiales, sobre la apertura en los tribunales porteños de Comodoro Py de la causa CFP 5210/2026, impulsada por el denunciante Sergio Fabián Ruiz, expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), para determinar si incurrió en conductas penalmente relevantes al retacear información sobre el Legajo MPF-SJ-33347-2025 de la causa Acueducto Gran Tulum ante el pedido del juez federal Daniel Rafecas.

La paradoja sacude los tribunales sanjuaninos. Un Ministerio Público Fiscal (MPF) que habría importado a la provincia el manual de persecución y las prácticas más cuestionadas de Comodoro Py en la causa Vialidad termina ahora sentado en el banquillo del propio edificio de Retiro.

El oficio firmado digitalmente por el prosecretario letrado Javier Alberto D'Elio, abre un segundo frente en Buenos Aires y notifica a Gómez García como denunciado según los artículos 73 y 279 del CPPN. La carátula expone el desborde institucional: "Gómez García, Sebastián Alejandro s/Resistencia o Desobediencia a funcionario público, Abuso de autoridad y Viol. Deb.Func.Publ.(ART.248) y Falsedad Ideológica Denunciante: Ruiz, Sergio Fabián", mientras la contraofensiva podría alcanzar al otro fiscal de la causa, Francisco Pizarro.

El traspié del investigador habría nacido de su propio manejo discrecional. En el expediente paralelo de inhibitoria CFP 5004/2026, iniciado el 9 de octubre por el abogado Mohamed Nasser Uzair, defensor de Ruiz, Guillermo Sirerol y Juan Antonio Sánchez, Rafecas pidió informes urgentes el 13 de octubre a la UFI y a la jueza de Garantías, Mónica Lucero, para definir la competencia sobre una obra de 198 millones de dólares financiada 50% por el Tesoro Nacional y el resto con créditos internacionales avalados por Nación.

El fiscal Gómez García se negó a dar datos detallados antes de la audiencia de formalización y solo mencionó presuntas maniobras con tuberías de polietileno de alta densidad, alegando resguardar garantías de los once investigados. Precisamente ese celo del fiscal es el que faltó durante los once meses de desgaste mediático desde la denuncia de Marcelo Arancibia en diciembre de 2025. Fuentes cercanas a la defensa repiten insistentemente que "esta es una causa política" y argumentan que al estar cerca las elecciones generales "busca la foto para la prensa. No quieren justicia. No les interesa la justicia. Quieren nada más que una foto." 

Es que el MPF, conducido por el exdiputado nacional basualdista Guillermo Baigorrí, habría calcado el molde de la causa Vialidad para montar un "lawfare de cabotaje", según denunció en una entrevista el abogado defensor Marcelo Fernández. Aunque en San Juan rige el sistema acusatorio, los fiscales acumularon un poder desmedido y apelaron a la imputación en bloque de toda la cadena jerárquica sin deslindar responsabilidades aunque fueron selectivos.

Metieron en la misma bolsa a once personas: los legisladores nacionales Sergio Uñac y Cristian Andino, el exministro Julio Ortiz Andino, los extitulares de OSSE Ruiz, Sirerol y Juan Carlos Caparrós, el juez laboral Humberto Gonzalo Caballero, los exfuncionarios Francisco Javier Correa, Sánchez y Rolando Vicente Caruso, y el empresario Gustavo Mastelono, de Krah América Latina S.A.

La selectividad fiscal deja las costuras a la vista. Según Marcelo Fernández, defensor de Uñac, si OSSE es autárquico y el exgobernador José Luis Gioja no fue citado por el tramo 2011-2015, imputar a Uñac carece de sustento; a Andino lo incluyeron pese a dejar OSSE en 2015, antes de las licitaciones y compras ejecutadas hasta 2023; y blindaron al actual titular de OSSE, José Luis Beltrán, exgerente de Obras del proyecto.

Incluso exigieron caprichosamente sentar a todos frente a las cámaras, lo que trabó la audiencia del 14 de octubre ante la ausencia por labor parlamentaria de Uñac y Andino y llevó a reprogramarla para el 10 de noviembre bajo amenazas fiscales de desafuero.

Lejos de revisar estos excesos, Baigorrí rechazó soltar el expediente y expresó que "todos los dineros que manejan las provincias, en un 80% por coparticipación, vienen de Nación. Entonces, el argumento de que el dinero viene de Nación es insostenible. Los damnificados son los sanjuaninos y no hay ninguna razón para trasladarlo."

Este 28 de octubre, la Fiscalía General emitió un duro comunicado corporativo de respaldo total que elogia la honradez, valentía, lealtad procesal e independencia de Gómez y Pizarro, buscando disfrazar de "deber ser" una instrucción calcada de las peores mañas de Comodoro Py. Al punto tal que en ese comunicado tildaron de "investigación criminal" lo que investigan los fiscales sanjuaninos, Tal vez un exceso que sólo se puede entender de alguien que proviene del fuero laboral sin experiencia en las lides penales.